Fusiones en la tercera fase

En la noche del jueves 3 de septiembre, Caixabank y Bankia confirmaban que habían iniciado los contactos para analizar una eventual fusión entre ambas entidades, según dos hechos relevantes que habían remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A la mañana siguiente, las dos entidades se disparaban en Bolsa así como las acciones del resto de entidades financieras. Los buitres salían de sus nidos.

En el comunicado de Caixabank se decía que «Caixabank, tras la autorización de su consejo de administración, se encuentra en negociaciones con Bankia para analizar una fusión entre ambas entidades, sin que por el momento se haya alcanzado ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información para valorar la operación, en el seno de una ‘due diligence’, contando con asesores para la operación».

El de Bankia decía que «dado su carácter preliminar, se hace constar que se ha sometido a los órganos de gobierno de Bankia la propuesta de inicio de estudio y análisis que permita al Consejo de Administración adoptar la decisión fundada que corresponda, contando para ello con los asesores pertinentes».

Mientras que el Ministerio de Economía comunicaba que «en el caso de que esas conversaciones y estudios concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas», añadiendo que «el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país.

Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito»; lo que resulta, salvo en lo de ‘maximizar el valor de la participación pública’, bastante cuestionable en lo que se refiere a ‘proteger el interés general de los ciudadanos españoles’ y en lo de ‘reforzar la estabilidad financiera del país’.

No podemos creernos el primero de los principios. ¿En qué situación quedan los empleados —primeros paganos de la operación: se habla ya de un ERE de entre 10.000 y 12.000 despidos—? ¿Y los clientes —segundos perjudicados: menos competencia y más comisiones—? ¿Dónde está el interés general de los ciudadanos —mayor concentración bancaria y refuerzo del oligopolio camino de un peligroso duopolio y posterior, por qué no, monopolio—? Ambos, duopolio o monopolio, público o privado o mixto, del sector financiero, junto al modelo de Gobierno, y Estado, que pretenden implantarnos quienes están al mando de la nave que hace aguas, nos conduciría, sin duda, a una dictadura, si es que no la estamos padeciendo ya.

Tampoco creemos que se consiga reforzar la estabilidad financiera de España, más bien lo contrario: desestabilizar el sistema en el que otras entidades financieras, sin problemas de solvencia y liquidez, estarían obligadas a entrar en operaciones forzadas y perjudiciales para ellas, y sería la puntilla para fundaciones e instituciones que, gracias a su financiación, aún sobreviven en el panorama social y cultural español.

Estamos, pues, ante una nueva fase de fusiones bancarias. La primera, que afectó en gran medida a las cajas de ahorros, se realizó en el periodo 1990-2009 y se justificó porque había que ganar en dimensión para ser más competitivas ante el Mercado Único Europeo. La segunda fase, iniciada a partir de la crisis surgida en el verano de 2007 y en la que se vieron altamente involucradas estas mismas instituciones en nuevos procesos de concentración, se justificó en la necesidad de conseguir una mayor capitalización. La Cajas necesitaban incrementar los recursos propios para garantizar su solvencia, lo que sirvió al Gobierno de España para legislar un nuevo marco regulatorio que daría paso, en primer lugar, a un nuevo marco de entidades financieras, resultado de los diferentes procesos de integración: SIP, fusiones, absorciones y adquisiciones; y en segundo lugar, se facilitaría la bancarización del sector al transformarse las cajas de ahorros en bancos. Y ahora se impone las fusiones en la tercera fase. Comienza con la anunciada fusión de Caixabank y Bankia, el sistema se muestra convulso, lo que no es una buena forma de empezar, y es incierto su final. Sus promotores lo justifican por la baja rentabilidad que están lastrando las cuentas de resultados de los bancos.

Fuimos partidarios de las primeras fusiones, caso de Caja España, ejemplo de fusión bien realizada por un equipo de profesionales cualificados y honrados, y entidad en la que tuvimos la suerte de trabajar como empleado procedente de una de las cajas fusionadas. No lo fuimos en las segundas, caso de Caja España-Duero, mal ejemplo de fusión por ser la peor opción de las posibles en aquellos momentos, mal ejecutada, peor gestionada y evidente falta de liderazgo. El problema quedó medio resuelto al adquirir Unicaja la entidad. Y ahora, ante la que se avecina, deseamos lo mejor a nuestros antes compañeros de trabajo.

Para solucionar un problema hay que empezar por identificarlo y reconocerlo. De no ser así, difícilmente se encontrará la solución. Por ello nos preguntamos: ¿Es solo la baja rentabilidad el problema de la banca? ¿No habrá un problema de gobernanza y de gestión? ¿No será que se ha abandonado la forma tradicional de hacer banca, la que sus resultados dependían del margen financiero y de proporcionar el servicio esperado por los clientes? Cualquier negocio que renuncia a su naturaleza y no cuida al cliente está llamado a desaparecer. Hoy se pretende mantener el negocio bancario a base de comisiones y limitando el tiempo de atención al cliente. Mal negocio.

Si se ordeña la vaca sin que la misma sea alimentada, muerte anunciada.