Tras la huelga

LA huelga de ayer no tuvo un seguimiento masivo, pero se equivocaría quien pensara que fue irrelevante. Las percepciones son, en la evaluación del paro, más significativas que las cifras, sobre las que ha existido la habitual y poco pudorosa «guerra». Lo cierto es que no pararon ayer bastantes de los trabajadores de cuello blanco -y de ahí los atascos en las entradas a las grandes ciudades-, pero sí se paralizaron numerosos sectores fabriles -no había ayer camiones en las carreteras y la huelga se hizo indudablemente visible en todas partes. De cualquier modo, sería un grave error analizar lo ocurrido en términos exclusivamente cuantitativos. El Gobierno cedió ayer pronto a la tentación de minimizar lo ocurrido, en tanto los sindicatos exageraron desde el primer momento un paro que no podía compararse al 14-D por ningún concepto. Ni hubo una movilización semejante -el 14-D las calles de las grandes urbes estaban desiertas y silenciosas- ni, por fortuna, la sociedad de este país otorgó ayer a la convocatoria sindical el contenido taumatúrgico que sí le dio en aquella huelga contra los socialistas, la primera de tal envergadura que se organizaba en democracia. Y ante esta polarización esperada, en que ambas partes tienen algo de razón y algún motivo para alardear de éxito, se corre el riesgo de las simplificaciones, que tendrían consecuencias muy indeseables. Los discursos de ayer -de los sindicatos y del Gobierno fueron moderados y conciliadores, pero no está dicha la última palabra. Y ahora hay que gestionar la «posthuelga», el día después, algo bastante más difícil de hacer que organizar o desactivar la movilización. Si el gobierno, en línea con algunos tics triunfalistas de ayer, se arroga «la victoria» y obtiene la conclusión precipitada de que «ha ganado el partido», estará abonando la continuidad de la crispación social, algo muy inconveniente en un país como el nuestro que logra incrementos muy bajos de productividad y cuya tasa de crecimiento actual no es suficiente para crear empleo. Si los sindicatos cedieran a la tentación de mantener una línea de dureza, dificultando la negociación de convenios, introduciendo dosis de conflictividad en ciertos sectores de salud delicada, negándose a seguir aplicando criterios de moderación salarial, podríamos entrar una dinámica muy peligrosa, que no beneficiaría al Gobierno pero que sobre todo perjudicaría a toda la colectividad. Para evitar tal viraje, convendría dar por superada la confrontación por el explícito procedimiento de hacer, desde hoy, gestos reales y prácticos de aproximación. Pero si el Gobierno persiste en la valoración demasiado optimista y eufórica de lo sucedido, los sindicatos no tendrán más remedio que recuperar a toda costa el espacio que se les niega, por razones de pura supervivencia. En su comparecencia de ayer al mediodía, Méndez y Fidalgo adoptaron un tono claramente dialogante y demandaron al Gobierno un deslizamiento hacia posiciones de consenso, llegando a sugerir que la tramitación parlamentaria como ley ordinaria del decreto-ley de desempleo, acordada por unanimidad de la Cámara Baja, podría ser una magnífica ocasión de conseguir el debido acercamiento sin que ninguna de las partes pierda la cara. A fin de cuentas, la indolencia de amplios sectores de la sociedad de este país, ayer, se debió a que existe la generalizada convicción de que lo que está en juego tampoco es tan importante; no nos jugamos ni el «modelo de sociedad», como antes se decía, ni siquiera algún rasgo básico y definitorio del mercado de trabajo. De ahí que el conflicto pueda encauzarse pacíficamente mediante discretas y nada relevantes concesiones. Ayer, el Gobierno se expresó con mucha más dureza hacia la oposición política, el Partido Socialista, que hacia los sindicatos, que merecieron más consideración de su parte. Esto último, un buen presagio, resulta tranquilizador; pero tampoco tiene mucho sentido que la mayoría política queme las naves de sus relaciones con el PSOE. Primero, porque el Gobierno necesita al PSOE en el País Vasco, que vive una situación manifiestamente delicada. Y segundo, porque la tensión política siempre favorece a la oposición. Después de todo, a veces se olvida que la tarea de la oposición es oponerse, afear los fallos del Gobierno, respaldar las protestas sociales frente a actos políticos que son considerados (con razón o sin ella) arbitrarios o excesivos. El PP así lo hizo cuando era minoría. Y por lo mismo, la estrategia debería ser hoy, día siguiente de la huelga, de restañar daños y recomponer la figura más que de seguir hurgando en los disensos o provocar otros nuevos. La huelga ha sido apenas un elemento más de los diversos que intervienen en los equilibrios sociopolíticos; en modo alguno debería convertirse, una vez celebrada, en un argumento en sí mismo.