Una ley que no resolverá nada

DESPUÉS del criminal atentado de ETA en Santa Pola, la justificada indignación popular manifestada en las calles por sus vecinos, y las concentraciones de protesta y repulsa ante las sedes de distintas instituciones tanto en España como en el País Vasco, los políticos han dirigido sus miradas hacia Batasuna. Fue el presidente Aznar, a la salida de su entrvista con el Rey, en Mallorca, quien dió el primer paso. Despues de calificar de «basura» y de «chulos» a los dirigentes de Batasuna, anunció que se iban a iniciar los trámites para instar la inmediata ilegalización del partido de los abertzales radicales mediante la aplicación de la recientemente reformada Ley de Partidos. Y es a partir de ese momento cuando han empezado a levantarse voces advirtiendo de las posibles dificultades del empeño. Juristas de reconocido prestigio y políticos de primera fila han advertido del peligro que supondría la aplicación precipitada de la citada ley. El portavoz de los jueces conservadores, José Manuel Suárez, pide «la máxima cautela» al Gobierno ya que «la eliminación del juego político de una formación debe estar rodeada de las garantías que se establecen en la normativa». Por su parte, el catedrático Antonio Elorza, admite que «va a ser difícil» que prospere la ilegalización de Batasuna porque el silencio de la formación radical «no es delito», aunque sea «culpable y criminal». Luego queda la gran pregunta que algunos políticos y analistas se hacen: ¿en qué medida la ilegalización de Batasuna va a favorecer la desaparición definitiva de ETA y sus criminales atentados? El hecho incontestable es que en los últimos 25 años tanto UCD, como el PSOE, como el PP han puesto todo su esfuerzo en acabar con ETA. Sin conseguirlo. Ni cuando se han utilizado medios contrarios a un Estado de derecho ni cuando se han ajustado las actuaciones a las normas legales de una democracia, se ha alcanzado el objetivo. Se han desarticulado comandos, diversas cúpulas directivas de la banda, se han capturado etarras que la justicia ha condenado y puesto en prisión, pero el terrorismo sigue actuando. Ahora se pretende ilegalizar a Batasuna. Esta medida, en caso de llegar a buen fin -cosa que no será fácil jurídicamente en opinión de los expertos- ¿contribuirá a que ETA vaya abandonando sus acciones terroristas o servirá para insuflarle nuevos ánimos para seguir en su criminal carrera de atentados con el consiguiente aumento del número de víctimas? ¿Y no habria de ser el principal objetivo evitar ese aumento de víctimas que son quienes en primera persona sufren las dolorosas e irreparables consecuencias? Imaginemos que se ilegaliza Batasuna. Y después del próximo atentado, si se produce, ¿qué habrá que hacer? Queda el diálogo entre todos los partidos democráticos -y digo todos, nacionalistas y no nacionalistas- como propugnaba Ernest Lluch y siguen propugnado otras vívtimas de ETA que no han pagado con la muerte, afortunadamente. Pero parece ser que la palabra «diálogo» es anatematizada por el Gobierno del PP y su partido. ¿Entonces?