Diez años después de reformarse la PAC

PARA los profanos en el funcionamiento de la Unión Europea y más concretamente en lo que se refiere a la aplicación de la reforma de la PAC (Política Agraria Comunitaria) hemos de aclarar que a partir del año 92 se cambió sustancialmente la Política Agraria en la Unión Europea, se pasó de subvencionar grandes estocajes de carne, cereales, mantequilla, etc a realizar un pago compensatorio a los productores en función del número de hectáreas cultivadas o cabezas de ganado que mantuvieran en la explotación con derechos de producción, a la vez que se reducían los precios de intervención de estos productos. Estos pagos compensatorios (generalmente mal llamadas subvenciones) están destinados a compensar la pérdida de renta de todos los productores al reducirse considerablemente los precios percibidos por los productos afectados por esta reforma. Vaya por delante que a los agricultores y ganaderos profesionales no nos regalan nada y por citar sólo un ejemplo, hace más de 15 años ya vendíamos un kilo de trigo a 0,15 euros (25 pesetas/kilo). Si los incrementos de acuerdo al IPC anual se hubieran acumulado el precio de este ceral a día de hoy estaría por encima de los 0,25 euros (42 pesetas/kilo). Teniendo en cuenta que el precio de intervención se sitúa en 0,10 euros (16,85 pesetas) más el pago compensatorio de 0,6 euros (10,48 pesetas/kilo) significa que el precio percibido por un kilo de trigo está en 0,16 euros (27 pesetas/kilo), por lo que los agricultores cerealistas estamos percibiendo un 35% menos de ingresos. A esto hay que añadir el incremento tan espectacular de los costes de producción (semillas, carburantes, fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria, etcétera). Desde las diferentes administraciones nos han vendido por activa y por pasiva que la reforma de la Política Agraria Comunitaria supondría grandes ingresos para modernizar las explotaciones, incluso para dimensionar las minas. Algo que después de diez años podemos asegurar que no se corresponde con la realidad al haberse reducido en más de 540.000 agricultores y ganaderos profesionales en España, de los cuales 20.000 corresponden a Castilla y León. Además hay una intromisión desmesurada de productores -no agricultores y ganaderos- con recursos suficientes para comprar derechos de producción de vacuno, ovino, viñedo, etcétera, que han hecho que se dispare el valor de la tierra y de los derechos de producción, ya que se ha utilizado como refugio de capitales. Esto supone que sea prácticamente imposible que los jóvenes puedan incorporarse a la agricultura y ganadería con posibilidad de crear una explotación viable. A mediados de 1999 se aprobó la segunda reforma de la PAC fijando el camino que seguirá la agricultura europea hasta el año 2006. Las características de dicha reforma incluida en la denominada Agenda 2000 se pueden resumir en una mayor potenciación de las ayudas enmarcadas dentro de las medidas de desarrollo rural, y una disminución de las encaminadas al apoyo de los precios, la intervención y las restituciones a las exportaciones. A los profesionales del campo castellano y leonés se nos acusa de llorones y de que no hemos sabido reinvertir los ingresos recibidos a través de los pagos compensatorios de la PAC. Esto es un discurso falaz de mentes retorcidas que no conocen ni quieren conocer la realidad del sector. Se nos condena a dejar nuestras tierras por no poder soportar la competencia desleal de aquellos especuladores ajenos al sector que dando el pelotazo en sus empresas invierten sus dineros de distintos colores para seguir especulando y aprovecharse de unas ayudas que pagamos todos los ciudadanos. La propuesta de la reforma presentada por el comisario de Agricultura no es una modulación de las ayudas, sino una reducción lineal que afectará principalmente a los agricultores y ganaderos profesionales, y que van a ser los que costeen la ampliación de la Unión Europea. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta es el recorte presupuestario por las crisis sanitarias ganaderas,y esto no es de recibo. ¿Qué tienen que ver las ayudas a los cereales con la alimentación del ganado con «harinas cárnicas contaminadas»? ¿Y la reducción de ayudas a forrajes deshidratados con las dioxinas de los pollos? ¿Y la reducción de la ayuda al trigo duro con la fiebre aftosa? Desde mi óptica es una tremenda contradicción que se haya estado ayudando económicamente ala modernización y mejora de las explotaciones agrarias en las que los titulares de las explotaciones familiares han invertido cientos de millones de euros, y que ahora la reforma de la PAC se ensañe justamente con estos profesionales. La explotación agraria de tipo familiar cuya importancia específica en la agricultura europea ya fue reconocida hace más de 40 años por la conferencia de Streza responde adecuadamente a los objetivos de multifuncionalidad del modelo europeo de agricultura y ganadería:ocupación del territorio, conservación del medio ambiente, producción de alimentos de calidad, etcétera. La PAC debe garantizar la persistencia de este tipo de agricultura y de las explotaciones correspondientes, para lo cual es imprescindible un estatuto jurídico del agricultor y ganadero. Hay que volver a resaltar que la propuesta presentada no es modulación, sino una reducción lineal de las ayudas, al no aplicarse con elementos de progresividad al montante de ayudas y en la que se considere un umbral mínimo exento de tal cuantía que no condicione la viabilidad de las explotaciones familiares. La modulación debe favorecer la creación de empleo, teniendo en cuenta parámetros concretos como son las UTA,s (Unidad de trabajo Año) dedicada a la explotación y tener como referencia la renta de la explotación expresada en la unidad europea de Margen Bruto Estandar. De esta forma sería positiva para los verdaderos agricultores y ganaderos titulares de las explotaciones familiares agrarias.