Echar las culpas

HAN salido como centellas a la escena político/económica: los emprersarios se han lanzado a la yugular del Gobierno por rectificar -¿se acuerdan de Fraga: los socialistas sólo aciertan cuando rectifican?- el decretazo, un engendro jurídico que pretendía humillar a la clase trabajadora. Los empresarios advierten: no seremos nosotros los que paguemos las lentitudes de la justicia. Desconocen que la jurisdición social es ágil como un guepardo. El Derecho social, en ningún caso, soporta la premura de un contencioso civil o penal. Su condición de ágil y dinámico se lo da, tal vez, la modernidad. Al fin y al cabo, el Derecho social es hijo de la segunda mitad del pasado siglo. Yo nací antes que él. Todavía viven sus padres naturales. Uno de ellos, Alonso Olea, ha ofrecido no pocas conferencias en León, de cuya Universidad es «honoris causa». Y aquí están sus mejores discípulos: Germán Barreiro y otros, entre los que me atrevo a citar al también novísimo catedrático Juanjo Fernández, o a los magistrados Rodríguez Quiros, Cabezas y Martínez Illade. No es lo mismo que otras ramas, ya petrificadas por los años y las centurias. He trabajado en la jurisdición social y, salvo excepciones rarísimas, nunca la deliberación sobre la idoneidad o no de un despido se alargó por espacio de dos meses. La excusa del empresariado es gratuita. «No moveremos una coma, y no quiero en este encuentro un empate: quiero ganar el partido». Bien, Aznar no sólo no empató el encuentro, sino que UGT y CC.OO. le han vencido por goleada. Otra cosa, va, es lo que diga su aparataje mediático. Un aparataje que llegó al escándalo o a la idiocia plena cuando Pío Cabanillas, su entonces portavoz oficial del Gobierno, dijo que el 20-J era una página en blanco del calendario y no hubo huelga general. Bien, pues ese aparataje mediático sigue vivo. Yo no soy hijo de la rosa ni del puño, como torticeramente me clasifican y erosionan desde la derechona. Soy hijo del campo. Y desde mi sangre campesina soporto mal bandolerías como el cierre de la fábrica azucarera de Veguellina de Órbigo. Para acallar la trompetería de la protesta prometieron el oro y el moro. Y ahora, de anteayer mismo, para garantizar la «paz social», que ya es morro, anuncian la instalación de una industria transformadora de alimentos, que no sé de qué va. Sospecho que Veguellina con su azucarera fue el banco de pruebas para Aguilar de Campóo con Fontaneda. A Veguellina la decoró con dinamismo industrial Lucas y Carrasco, y a Aguilar lo «vende» González Vallvé. La técnica es idéntica: oferta de una atención preferencial y de subvención a las empresas que se instalen en dichos municipios, con tres clases de medidas: 1. «discriminación positiva» de todos los proyectos que busquen instalarse en la localidad afectada; 2. tratar, uno a uno, los casos que se presenten; y 3. oferta de más suelo industrial. Y suponen, por Dios, que vamos a a bajar la cerviz, o de lo contrario, entraremos en el capítulo de la subversión. Nos echarán, sin duda, las culpas de todo.