Accidentes laborales... y no pasa nada

El reciente accidente en León de un helicóptero de los servicios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que transportaba a una brigada de trabajadores de la Administración regional, muestra una vez más la cara más amarga del azote social que son los accidentes laborales. No se trata de prejuzgar la causa del tal accidente, del que los organismos competentes tendrán que informar en su momento, especialmente la Inspección de Trabajo y las autoridades de Aviación Civil, sino de constatar la situación creciente de desamparo y confusión en materia de siniestralidad laboral, tanto en empresas privadas como en administraciones públicas. Resulta sorprendente, cuando menos, que se hayan dado desde la Junta de Castilla y León al menos tres versiones distintas: falta de potencia del motor del helicóptero, roce de un rotor con matojos y un golpe de aire. Para mayor desconcierto, esas mismas autoridades de la Junta han negado y afirmado a la vez la participación de la Inspección de Trabajo en la investigación del accidente. En fin, que en función de quien fuera el portavoz -el delegado Territorial de León, la consejera de Medio Ambiente, el viceconsejero de Trabajo y hasta el propio presidente de la Junta- las versiones, hipótesis y medidas han sido unas u otras, y en algunos casos totalmente contradictorias. Al drama que siempre son los accidentes laborales hay que añadir la confusión y el desconcierto, que tratándose de una administración pública resulta especialmente lacerante para la ciudadanía y, por supuesto, del todo incomprensible para cualquier especialista en prevención de riesgos laborales. Claro que las cosas no suceden porque sí. Es cierto, como señalaba el Informe Durán -expresidente del Consejo Económico y Social-, por encargo del Gobierno de la Nación, que las causas de la siniestralidad laboral son complejas y de orden diverso, pero que, sea como fuere, la siniestralidad está aumentando hasta niveles insoportables, de modo que España está a la cabeza de Europa en esta materia, lo cual constituye un honor más que dudoso. Como señala Durán, el costo de no hacer resulta mayor que el de hacer (seis millones de euros al día -mil millones de pesetas- cuesta en España la siniestralidad laboral). Pero también es cierto que los accidentes laborales se han disparado en los últimos años, y eso sí que tiene que ver con las políticas económicas y sociales impulsadas por los gobiernos conservadores en España y sus regiones. Baste con analizar algunos datos básicos. El total de los accidentes (con o sin baja, exceptuando los ocurridos in itinere) en España se redujo un 1,3% en el período 1992 a 1995; sin embargo en el período 1996 a 2001 la cifra se ha incrementado un 64%, es decir, hemos pasado de 1.101.270 accidentes en 1995 a 1.812.507 en 2001. La misma tendencia se da en Castilla y León: los accidentes con baja se redujeron un 8% entre 1992 y 1995 y aumentaron un 36% entre 1996 y 2001. En el caso de la provincia de León, el incremento fue del 1,5% (1992-1995) y del 7% (1996-2001). En España se producen cuatro accidentes laborales mortales cada día. Pero no pasa nada. De las empresas con mayor siniestralidad en 2001, el 48% no realizó evaluaciones de riesgos, el 70% no facilitó formación a los trabajadores y el 87% carecía de planes de emergencia. Hay que mejorar, sin duda, algunos aspectos de la política de prevención, como señala el Informe Durán: refuerzo y especialización de la Inspección de Trabajo, planes específicos para empresas y sectores con altos índices de siniestralidad, más y mejor formación e investigación, promoción de la prevención con medidas fiscales, administrativas y comerciales; y facilitar la aplicación en las pequeñas empresas. Todos estamos de acuerdo en esto. Ahora bien, hay políticas públicas de gobiernos conservadores que, sin duda, están coadyuvando notablemente al deterioro del mercado laboral y muy especialmente de la seguridad y salud en el trabajo. Todas las estadísticas y estudios fiables en materia de prevención confirman que el aumento de la contratación temporal conlleva un mayor índice de siniestralidad, de modo que el perfil básico del accidentado es un joven con contrato precario y en empresas de menos de cien trabajadores. Igualmente, la subcontratación hasta límites casi infinitos es otra fuente contrastada de accidentes laborales. En conclusión, además de aspectos generales como una escasa cultura de seguridad en el trabajo, lo que se constata es una falta de medidas efectivas para atajar esta lacra social, una insuficiencia notable de recursos en la Inspección de Trabajo, ausencia de mecanismos administrativos que desincentiven la subcontratación de empresas con altos índices de siniestralidad, unas políticas conservadoras en el mercado laboral que han incrementado notablemente la precariedad laboral y, en consecuencia, la siniestralidad. Y si a todo ello le añadimos la desinformación y el desconcierto sembrados por las propias autoridades públicas competentes, entonces se podrá comprender el porqué de nuestras sombrías «medallas» como país: uno de cada cinco muertos en accidente laboral en Europa se produce en España, en el primer semestre de 2002 llevamos ya 574 muertos y más de siete mil accidentes graves, en Castilla y León los accidentes mortales se han incrementado un 16% en el primer semestre de 2002 sobre el mismo período del año anterior... en fin, que hasta la propia administración pública -el mayor empleador del país, de la región y de la provincia- navega en esta materia como los helicópteros forestales: con un solo motor, sin fuerza y a merced del viento. Claro que hoy, mientras se publica este artículo, morirán cuatro trabajadores más, cuarenta sufrirán un accidente muy grave y otros cinco mil soportarán otro tipo de accidentes leves... y no pasa nada. (*)Benigno Castro y Miguel Ángel Fernández son secretarios de Innovación y Desarrollo Industrial y Comercial del PSL-PSOE.