Ligerezas intolerables
La ligereza (que muchas veces es negligencia y algunas hasta dejación de funciones) con que nuestros políticos administran y gestionan los bienes y caudales públicos es verdaderamente bochornosa. Cuando nuestro “servidores públicos” ¡qué grotesco sarcasmo! del rango que sean, concejales, alcaldes, diputados (provinciales, autonómicos o nacionales) tramitan la adjudicación de una obra, la licitación de una servicio, la imposición de una nueva tasa o tributo o la redacción de una ordenanza o un decreto, más parece que ocupen su tiempo de trabajo en relamerse con la imagen del churrasco que se zamparán al final de pleno, comisión o concejo. O de cómo gastarán los jugosos emolumentos que recibirán en su cuenta corriente por calentar el culo de su excelentísima y ilustrísima silla o sillón. Todo ello en lugar de pensar y meditar con seriedad y conciencia en los pros y los contras, las ventajas e inconvenientes de lo que deciden, legislan y firman.
Los culpables de que esto sea posible, en el fondo, son sus votantes que en lugar de fiscalizar y supervisar sus acciones y omisiones con su asistencia y testimonio en los actos de decisión de sus instituciones (claro, a veces ni les dejan) creen que con pasar por las urnas una vez cada cuatro años es bastante.
En este país del berberecho y el botellón, el activismo cívico es una asignatura pendiente de improbable aprobado. Tantos siglos de servilismo y sumisión ovina a obispos y gobernadores han erradicado el hábito de husmear en las actuaciones de los que manejan los bienes del común, cosa bien distinta a lo que acontece en de otras latitudes donde se acostumbraron a pensar según su propia conciencia desde los tiempos del aquí tenido por hereje Martín Lutero.
Proliferan, por estas tierras, las asociaciones de ocio y disfrute, de jolgorio y zarabanda, a la caza de subvenciones y ayuditas para excursiones y romerías bajo el retórico paraguas del “actividades culturales o deportivas», pero ¿dónde están las asociaciones de ciudadanos y vecinos que supervisen y controlen las actuaciones de concejales y diputados en su legislatura?
Esta ligereza intolerable se ha vuelto a revelar en el caso en concreto que motiva este escrito: la Ordenanza que regula la Tasa por el Servicio de Depuración de las aguas residuales que se vierten en el caudal del río Orbigo. Esta tasa fue establecida por la Mancomunidad Depuración del Alto Órbigo en Diciembre de 2020 (B.O. Provincial 17.Dic.2020). La Mancomundiad incluye los municipios de Llamas de la Ribera, Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, Benavides, Turcia, Santa Marina del Rey, Villares de Orbigo, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Bustillo del Paramo, San Cristobal de la Polantera, Villazala y Soto de la Vega.
La Administración decidió acometer un proyecto muy laudable para sanear las aguas del caudad del Órbigo. Se ejecutó la obra, se pagaron los costes y se implantó una tasa para sufragar una parte de ese coste.
Todo ello más que razonable desde la perspectiva medioambiental que todos defendemos. Pero lo que no es razonable sino negligente es establecer la cuantía de esa tasa sin considerar el consumo de agua de quien la tiene que pagar. Sí se considera, sin embargo, este consumo para fijar la cuota de los locales y negocios comerciales e industriales.
Si la argumentación que sustenta toda la tributación medioambiental es, como pregona el Gobierno, que “pague quien contamine” no se puede obligar a pagar lo mismo a todos.
No puede pagar lo mismo un vecino que consume 2.000 litros mensuales porque no tiene ninguna consideración medioambiental que el que consume 200 porque procura ahorrar el máximo caudal posible y ensuciar el mínimo..
Y no se puede argüir que el consumo doméstico es relativamente similar en todas partes porque no es así y las diferencias en los litros consumidos lo demuestra claramente, sea porque algunos derrochan el agua negligentemente o la usan fraudulentamente para fines prohibidos, como piscinas o huertos. Pero sobre todo no se puede considerar a todos por igual porque ello desincentiva el consumo racional del agua doméstica, la gestión ecológica del consumo privado, no estimula la necesaria conciencia del problema medioambiental y en suma, favorece a los que no actúan de modo sostenible, la filosofía que ahora se predica en todos los foros.