La vivienda no va bien, y el PP no se entera

A pesar de que el derecho a una vivienda digna esté contemplado en la Constitución como un derecho básico de los españoles, a pesar de que los ciudadanos consideramos que el problema de la vivienda es uno de los más importantes actualmente en España -junto al paro y al terrorismo-, pese a la obligación que tienen los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para el acceso a la vivienda. A pesar de todo ello, la política de los gobiernos del PP en materia de vivienda es realmente un desastre en todos los órdenes. El Gobierno del PP o no se entera o, lo que peor, no se quiere enterar. Entre 1998 y 2002, el precio medio de la vivienda ha aumentado un 63%, mientras los ingresos de las familias se incrementaban en media un 9%. Desde 1998, el porcentaje de ingresos que debe destinar una familia para adquirir una vivienda ha pasado del 32% al 48% en 2002; esto significa la práctica imposibilidad de acceso a la vivienda para los jóvenes y para las familias de menores ingresos. El propio Banco de España acaba de alertar contra el creciente endeudamiento de las familias españolas, y todos los analistas destacan la desfavorable evolución de los precios de la vivienda en España en comparación con otros países europeos. Y para colmo, el Gobierno, a través de su ministro de Fomento, afirma que el precio de la vivienda sube porque ha mejorado mucho el nivel de renta de los españoles, lo que no puede considerarse más que como un insulto a todas las familias que o bien no pueden acceder a una vivienda o bien tienen que emplear el 50% de sus rentas durante treinta años para tener un techo digno y habitable. El Gobierno tiene toda la responsabilidad en cuanto a la legislación estatal sobre valoración del suelo, al diseño de las haciendas locales, a la legislación sobre arrendamientos urbanos, a la fiscalidad estatal de la vivienda y al diseño de los Planes Nacionales de Vivienda. En España -salvo casos puntuales- no hace falta más suelo urbanizable: hay suficiente como para construir casi cinco millones de viviendas. Lo que hace falta es una legislación que asigne al suelo un valor no especulativo e incentive, por tanto, su desarrollo urbanístico; hace falta una política mucho más activa sobre los suelos públicos, para que se destinen preferentemente a vivienda protegida en alquiler; hace falta agilizar los trámites urbanísticos, sin reducir el control público de la transformación de la ciudad. El Gobierno lanzó, a finales de 2001, un nuevo Plan de Vivienda que apenas contempla 90.000 viviendas protegidas cada año, después de seis años de resultados pésimos en sus anteriores programas de viviendas protegidas. Además, es un Plan que difícilmente podrá cumplirse, ya que no incorpora medidas para abaratar el suelo, y, ya en el colmo de los despropósitos, el nuevo plan ha eliminado las ayudas para la compra de suelo destinado a construcción de VPO. La situación, por lo que se refiere a León, es aún peor. Se acaban de conocer, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, los datos que revelan que en el último año en León sólo se han construido 172 viviendas sociales, frente a las más de 12.500 libres que han salido al mercado. Es decir, por cada 100 viviendas que se construyen solo una es de protección oficial. Todo un ejemplo de la gestión ineficaz de los Gobiernos del PP -central, autonómico y local-, contraria al modelo de gestión positiva para regular el suelo y evitar la especulación urbanística que propugna el PSOE. También hemos sabido cómo se reparte la propiedad de las viviendas. En la actualidad en León hay 11.000 viviendas vacías de un censo total de 66.000. Es decir, que los propietarios de estas viviendas vacías han adquirido ese bien inmueble a modo de inversión y no por necesidad, y las tienen «retenidas» para sacarlas al mercado cuando la inversión se revalorice. La operación especulativa es redonda: si las tienen sin alquilar durante cinco años, conseguirán una revalorización del 43%, según los datos facilitados por las sociedades de tasación. Una operación muy rentable y segura. ¿Y qué hacen los gobiernos del PP? Sin duda, incrementar esta «bola» especulativa urbanística, olvidando sus obligaciones en cuanto a una política social del suelo, y obligando a las familias a endeudarse hasta niveles realmente insoportables que, por otra parte, además del agobio para la economía familiar, obliga a retraer el consumo y la demanda agregada, con los efectos perniciosos que esto tiene para la economía en general, especialmente para la producción. Tal y como se declara en el Manifiesto por la Vivienda, el marco normativo y la política de vivienda y suelo del Gobierno del PP resultan absolutamente insuficientes para atender el mandato constitucional: en materia de acceso a una vivienda digna en un entorno habitable no se está produciendo la deseable convergencia con la Unión Europea. Cada vez más jóvenes se ven obligados, por la carestía de la vivienda, a permanecer en casa de sus padres, retrasando su emancipación hasta la edad más tardía de la UE, lo que contribuye, también, a la tasa de natalidad más baja de la UE. Aquellos que encuentran una vivienda algo más asequible, tienen que endeudarse hasta límites desaconsejables y, a menudo, alejarse de su lugar de trabajo, con consecuencias muy negativas, en términos ambientales, y también en cuanto al uso de su tiempo. El PSOE plantea medidas urgentes de política de vivienda frente a la desidia del PP y a su rotundo fracaso en materia de suelo y de vivienda, en el contexto de una política de ciudad más habitable y más racional. Son necesarias, como propone el PSOE, políticas que incrementen la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible, que incrementen el patrimonio público del suelo, que incrementen las ayudas públicas para acceso a la vivienda -especialmente las familias de menores ingresos o con problemas específicos-, que eviten la especulación urbanística y, finalmente, medidas fiscales como la implantación de un IVA súper-reducido para las viviendas protegidas y las de primer acceso. En conclusión, lo que planteamos es que la vivienda sea un derecho y no un lujo, es decir, un «derecho social» de los ciudadanos en vez del «lujo» y «especulación» que han promovido los gobiernos del PP.