Diario de León

León y los presupuestos autonómicos

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Julio Lago
León

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El estudio detallado de los presupuestos anuales que elabora la Junta de Castilla y León arroja tres conclusiones relevantes que deben ser conocidas por los ciudadanos. Un primer aspecto hace referencia a que la provincia leonesa es la más beneficiada por el reparto del presupuesto de la Comunidad autónoma. Sobre este asunto es cierto que, a 1 de enero, momento en que entra en vigor el presupuesto autonómico, León es el territorio con mayor asignación de fondos. Ahora bien, es necesario advertir que semejante afirmación se hace cuando queda sin provincializar, sin asignar a ninguna de las nueve provincias, más del 40% del presupuesto, un porcentaje que puede valorarse como alto. Es fácil de entender que a lo largo del año esa importante cantidad de dinero, a priori no provincializada, se gastará, y que lo procedente sería, a 31 de diciembre, una vez concluido el año, informar sobre el destino de tales fondos entre las nueve provincias de la Comunidad. Es en ese momento y no antes cuando se puede afirmar, con rigor, qué provincia es la más favorecida por el reparto del presupuesto. Esto no lo hace la Junta de Castilla y León y al no facilitarse este dato no es creíble que León sea la mejor tratada. Para entender mejor esta explicación considérese que en 2023, de un presupuesto anual de 13.809 millones de euros, la Junta deja sin provincializar casi 6.000 millones de euros.

Un segundo aspecto incidiría en la parte del presupuesto que objetivamente debería recibir la provincia leonesa. Para contestar a esta cuestión es preciso acudir a la ley que determina cómo se financian las regiones en España. Esta normativa, aprobada en 2009 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, establece que son la población, ajustada por el número y la edad de sus habitantes, y la superficie geográfica los criterios fundamentales para el reparto de fondos entre los distintos territorios. Si a mayores se consideran otras variables relativas a producto interior bruto (PIB), tendencia demográfica, situación socio laboral y estructura económica, se crea el conjunto de indicadores más preciso para determinar la parte del presupuesto de la Junta de Castilla y León que debe recibir León. Tomando como referencia un periodo reciente, el quinquenio 2018-22 y una vez hecho el análisis pertinente utilizando la información oficial que suministran el Ministerio de Hacienda y la propia Consejería de Economía y Hacienda, la cifra que la provincia leonesa tendría que percibir tiende a situarse por encima de los 2.000 millones de euros anuales. Para contraste considérese que durante ese periodo de tiempo la cantidad que la Junta anuncia y presupuesta para León no supera los 1.400 millones de euros al año. El diagnóstico es claro. Salvo que se demuestre lo contrario no hay datos que impidan realizar la siguiente afirmación: a la provincia de León no le llegan más de 600 millones de euros anuales. Cabe preguntarse lo que podrían mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a los pueblos, las carreteras, el impulso a la actividad empresarial, el empleo, la promoción turística, la conservación del patrimonio cultural y un largo etcétera si se destinara anualmente esa cantidad a mayores a la provincia de León. La infrafinanciación es más que notable. Téngase en cuenta que la comunidad autónoma de La Rioja (provincia de Logroño), con 128.000 habitantes menos que la provincia de León gestiona un presupuesto anual superior a los 1.800 millones de euros. El dato habla por sí solo. Precisamente esta falta de gasto público también detectada en el análisis de presupuestos de años anteriores a 2018 justifica, en buena medida, el fuerte declive económico y demográfico que padecemos.

Por último, un tercer aspecto relaciona conclusiones anteriores con la reclamación social permanente de crear una autonomía leonesa. Para responder a esta cuestión se han realizado estudios sobre el coste de cuatro autonomías uniprovinciales: Asturias, Cantabria, Murcia y La Rioja. Los resultados son aleccionadores. Una autonomía leonesa uniprovincial tendría un coste similar a la cifra que León debería recibir, y no recibe, del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León. Es decir, con la cantidad de dinero que ya se maneja es viable financiar una Comunidad Autónoma Leonesa. No habría inconvenientes presupuestarios relevantes.

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