Desmontando una mentira interesada
El Informe sobre la Pederastia en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica, recientemente presentado por el Defensor del Pueblo que tanta aceptación está teniendo en determinados medios de comunicación, creo que merece un análisis serio desde el punto de vista metodológico, sin entrar en otras consideraciones, para desmontar su relato.
Una encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a un grupo de personas. En Ciencias Sociales y análisis demoscópico se suelen señalar algunos requisitos que tiene que tener una buena encuesta para que sus resultados puedan ser extrapolados: que la muestra de encuestados esté bien seleccionada, que las preguntas no estén sesgadas hacia determinadas respuestas y que cuente con una ficha técnica que incluya variables de edad, sexo, el lugar de residencia de las personas entrevistadas, etc. También tiene que citar el método de recogida de datos, las fechas en las que se ha hecho la encuesta y el margen de error de la misma.
Las encuestas por teléfono son un instrumento más dentro del mundo de la investigación social. Estas tienen alguna ventaja, como: bajo coste, ahorro de tiempo, mayor anonimato y sin desplazamientos. Pero también tienen una serie de inconvenientes, tales como: la resistencia a responder, no se pueden usar ayudas visuales, limitaciones de tiempo en la llamada y, al no existir ningún contacto personal con el entrevistado, son propensas a respuestas evasivas. Una encuesta por teléfono solo puede recoger las respuestas dadas, pero no las características de las personas que han respondido. Una encuesta por teléfono difícilmente sirve para tratar temas complejos como el de la pederastia, dada la imposibilidad de verificar la veracidad de las respuestas y, sobre todo, la dificultad de aplicarle las claves exigidas a una buena encuesta.
La encuesta realizada para el Informe sobre la pederastia en la Iglesia es poco fiable al hacerla por teléfono y por referirse a hechos sucedidos hace muchas décadas, que se basan en la memoria que, como sabemos, tiende a reinterpretar el pasado. Tampoco se facilita el cuestionario por lo que se desconoce cómo han sido formuladas las preguntas y, fundamentalmente, como definen al entrevistado el concepto de abuso sexual. De las tablas se podría deducir que el sondeo considera abusos sexuales también a los abusos verbales sin relación física y que no se distingue entre los distintos tipos de contacto físico.
Hablemos ahora de números. La encuesta señala que el 11,6% de los mayores de 18 años han sufrido algún tipo de agresión sexual, lo que significaría, según El País y otros medios de comunicación, que ahora en España habría 4,5 millones de adultos que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia. De esos 4,5 millones, también según El País , 440.000 habrían sido víctimas de la Iglesia y el resto, 4,1 millones habrían sido víctimas de la misma sociedad española, principalmente en el ambiente familiar, en los colegios públicos, en ambientes de ocio, en el deporte, etc. En primer lugar, las 440.000 víctimas son un invento de El País. Esta cifra en ningún momento aparece en el Informe del Defensor del Pueblo, pero permite que lo haga El País extrapolando el porcentaje que determina la encuesta de abusados a la población española actual comprendida entre 19 y 90 años. Los medios de comunicación que han dado la cifra de los 440.000 como si la diera el Informe del Defensor del Pueblo, simplemente están mintiendo y engañando a sus lectores, además de tener otras intenciones ocultas que a nadie se le escapan.
¿De dónde saca El País sus datos? De una encuesta propia en la cual el 1,13% de las victimas estarían relacionadas con el ámbito eclesial. El 0,6% se referiría a sacerdotes y el 0,53 sería personal laico relacionado con la Iglesia. Si a estos datos les aplicamos el margen de error del 1% reconocido por la misma encuesta, quedan sin valor cuantitativo e incapacitados para ser extrapolados a la población de España.
Por otra parte, ante el escándalo de unas familias, de unas escuelas públicas y de determinados ambientes de ocio y deportivos con más de 4 millones de víctimas de acoso sexual a sus espaldas, según El País, ¿Qué harán el Defensor del Pueblo y el Gobierno? Si se da por cierta la cifra de los cuatro millones de víctimas en la sociedad civil, ¿no tendrá alguna responsabilidad el Gobierno? ¿Y no tendría la obligación de atender a esos cuatro millones de víctimas al mismo tiempo que a las víctimas de la Iglesia, que parece que tanto le preocupan?
A pesar de todo, hemos de reconocer que la pederastia en la Iglesia es un tema muy grave, así como lo es en toda la sociedad española. Dada la gravedad de los hechos, ¿no sería necesario una reparación y sanación de todas las víctimas por igual, también de las víctimas de las instituciones del Estado? No obstante, no dudo en calificar el informe sobre la pederastia en la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo como un trabajo de poca fiabilidad estadística, parcial, discriminatorio, mentiroso e interesado.