Maragatería ¿hacia la arriería tóxica?

El noroeste de la península ha sido elegido como territorio de sacrificio para extraer todo tipo de recursos, que permitirán seguir manteniendo, unas décadas más, las suicidas políticas de crecimiento, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto el calentamiento del planeta.

En esta decisión, tomada entre los políticos y esas decenas de empresas que dominan la economía nacional, a León le ha correspondido ser una suerte de reserva estratégica de todo tipo de recursos naturales. Empezando por el agua, que según las previsiones científicas se reducirá hasta un 40% en las próximas décadas, hasta el viento, los bosques o los minerales críticos, la naturaleza está siendo monetizada para interés de una minoría. Así surgen promesas de centros de hidrogeno verde que fabricarán metanol, combustible mágico que mantendrá los cargueros surcando los mares con sus contenedores llenos de productos en gran parte innecesarios; calderas para incinerar nuestros bosques autóctonos para darnos un calor que no les hemos pedido; macroparques eólicos o fotovoltaicos para generar una electricidad que en gran parte no puede ser absorbida por la red; macrogranjas de cerdos para exportar a China, que llevan aparejadas grandes centrales de biogás para intentar deshacerse de sus residuos tóxicos… todos ellos macroproyectos en manos de los de siempre, y por supuesto pagados con nuestros impuestos. En absoluto proyectos a escala local, ni siquiera sistemas energéticos descentralizados en manos de los pueblos como antaño eran las fábricas de luz. Sin embargo, y esto es más peligroso, también han decidido que una de las comarcas más abandonada sea el basurero toxico de parte del Estado. En Castilla y León ya hay tres vertederos de residuos peligrosos. Ahora se anuncia un cuarto vertedero en San Justo de la Vega, aparte de una balsa de lodos en Piedralba. La Maragatería se ha convertido en la comarca destinada a recibir todo tipo de desechos tóxicos y nocividades que no producimos. Y eso sin olvidar que ya alberga el polígono de tiro militar, cuyas actividades, según el Centro de Estudios para la Paz, «contaminan los ecosistemas terrestres y acuáticos con sustancias tóxicas o materiales peligrosos, consumen ingentes cantidades de combustibles fósiles en su actividad y son responsables de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad». El nuevo vertedero de residuos industriales está planificado al lado del CTR actual, en una zona de agua subterránea y superficial en la que se pretende almacenar hasta 5 millones de toneladas de residuos, un millón de ellos peligrosos. Como ocurre en este tipo de «industrias tóxicas», el relato debe de ser tranquilizador para no alimentar protestas entre la población. Los implicados, empresario y Administración, defienden que «generará beneficios medioambientales derivados de la reducción del porcentaje de residuos enterrados, reduciendo el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas y contribuyendo al desarrollo de la economía local, mediante una alta tasa de creación de empleo de larga duración y calidad en un proyecto sólido económica y financieramente». Lo que no aclaran es si la generación de empleos se producirá también en el sector de las funerarias y en el sistema sanitario. En su línea habitual, las diferentes administraciones, local y autonómica se han saltado lo fundamental: abrir un debate informado entre la población, para que sea ella la que decida si es idónea su instalación aquí. En lugar de ello, la Junta de Castilla y León ha declarado el macrovertedero como

Proyecto Regional, una figura legal que lo convierte en iniciativa de «utilidad pública e interés social», lo que permite acelerar la tramitación y limita la capacidad de oposición legal por parte de ayuntamientos, vecinos o asociaciones, permitiendo incluso la ocupación urgente de terrenos. Lo llaman interés general, pero el gran filólogo Agustín García Calvo lo definiría como perversión del lenguaje. El objetivo, por tanto, es cargar con los residuos de las zonas del Estado que aún mantienen industrias y población, y que curiosamente también reciben la energía que se produce en nuestro territorio. Les damos energía y agua, nos traen deshechos. El circulo completo. Pero esa decisión está en flagrante contradicción con el principio de proximidad y autosuficiencia en la gestión de residuos, según los objetivos de la legislación de la UE y estatal, lo que nuestros políticos se pasan por el forro: «el residuo debe ser tratado preferentemente donde se produce, reduciendo riesgos de contaminación y consumo de combustible, así como los efectos derivados de los mismos.» Por otra parte, existen suficientes estudios científicos que demuestran los riesgos para la salud pública de estas instalaciones, lo que se agrava dada la cercanía de masas de agua superficiales y subterráneas, al estar la ubicación entre dos arroyos, afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su elevada permeabilidad. En definitiva, es urgente abrir un debate, con los expertos que sean necesarios, para que la población conozca lo que están decidiendo a sus espaldas. Algunos creemos que estas instalaciones no nos traen nada bueno, y que nos quieren convertir, no solo en una colonia energética, sino en un basurero de residuos producidos a centenares de kilómetros. Otros defienden que será maravilloso en términos económicos, de salud y de empleo. Abramos el debate.