Extranjeros y delincuencia

El 12 de enero de 2000 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Durante la corta vigencia de esta controvertida norma, ya sin vigor, se detectaron diversos aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio superaba con creces las previsiones de dicha Ley, creando, por tanto, disfunciones en su aplicación y especialmente en la eficacia policial. Ante esta situación, el 22 de diciembre se promulgó la Ley Orgánica 8/2000, con idéntico título, que deroga la anterior, en la que se aborda de forma distinta la problemática actual de los flujos migratorios en España. Un capítulo fundamental de la misma es, sin duda, el relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, en el que se han introducido considerables modificaciones que, en líneas generales, se pueden sintetizar como de mayor rigor coercitivo ante conductas transgresoras y delincuenciales. Así las cosas, resulta lícito, pues, preguntarnos si el hecho de la inmigración y particularmente la irregular es sinónimo o generador de delincuencia e inseguridad. Se puede afirmar sin error que España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, si bien es cierto que su número, de momento, resulta inferior al de los existentes en otros estados de nuestro entorno, miembros de la UE. El contingente de foráneos que entran por nuestras fronteras de forma clandestina, y que por tanto pueden terminar en la marginalidad, es considerable. De esta bolsa de sin papeles o irregulares, puesto que ningún ser humano debe ser considerado ilegal en ninguna parte del planeta, es de donde surge el mayor número de conductas asociales y problemáticas, de la misma manera que las estadísticas nos dicen que es de ese mismo estrato social de donde afloran idénticos comportamientos en los españoles más desfavorecidos. Del análisis de las cifras oficiales de expulsados de España se advierte que durante el año pasado se dictaron en torno a 50.000 resoluciones de expulsión de extranjeros. ¿Significa esto que todos ellos eran delincuentes? Decididamente, no, en absoluto. Un inmigrante sin papeles no es en ningún caso un delincuente, aunque haya vulnerado una norma de rango administrativo. Sin embargo puede llegar a serlo, igual que cualquier otra persona en sus circunstancias, y en especial si no logra salir del pozo de la exclusión social al que está abocado. Madrid, Barcelona, el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos constituyen por ahora las zonas en las que se concentra el mayor número de ciudadanos extranjeros sin regularizar, y por tanto las más inestables en este sentido. Los países de origen de los sin papeles que irrumpen masivamente en estas regiones son, en primer lugar, el norte de África (Marruecos y Argelia), a continuación los procedentes de iberoamérica (Colombia, Ecuador, y República Dominicana), ciertas áreas del Este de Europa (Rumanía, Ucrania y Polonia), y finalmente los originarios de algunos territorios asiáticos como China. La necesidad de mano de obra barata en ciertos sectores deshonestos de la economía sumergida de estas y otras zonas geográficas españolas motiva que sean el destino preferido de los sin papeles hasta que se les acabe la temporada o la faena y se queden sin ocupación, sin techo, sin recursos económicos y sin poder plantear ni siquiera una simple denuncia ante Magistratura de Trabajo o la comisaría más cercana. De ahí a buscarse desesperadamente la vida sólo existe un breve paso. Por fortuna los datos más recientes nos permiten hacer previsiones de cara a la evolución del fenómeno en los próximos años. Alemania, Francia o el Reino Unido nos llevan algunas décadas de adelanto en el tema. Sólo es necesario observar con detenimiento y prudencia la orientación que allí ha tomado el asunto para situarnos en una posición privilegiada y diseñar con tiempo suficiente los instrumentos necesarios de planificación. La tendencia que van a seguir por ahora los flujos de inmigración incontrolada en España, según mi criterio, serán de fuerte concentración en las comunidades de Madrid, Andalucía, Canarias, Cataluña, Baleares, Murcia y Valencia, con intensa afluencia de oriundos de los países ya aludidos, más aquellos otros procedentes del África subsahariana. No se puede olvidar tampoco que el incremento de la presión migratoria en el apurado tercer mundo supondrá un incremento de las avalanchas irregulares que utilizan las redes de tráfico de personas, para las que el territorio español no es exclusivamente un punto de destino, sino también de tránsito. Cualquier experto u observador sabe que la condición de extranjero no incide en absoluto en la seguridad ciudadana. El millón de esforzados españoles que aún hoy se encuentran emigrados en otras tierras lo refrenda. Por el contrario, la falta de previsión y de normativa adecuada, la inmigración clandestina, la consiguiente ausencia de derechos y libertades, una sociedad en ocasiones insensible, la penuria y el desarraigo familiar es lo que, como en todas partes del mundo, propicia a veces que los seres humanos que se encuentran al límite, muestren la cara menos amable de sí mismos.