TRIBUNA
Organización territorial del Estado Federal
Como una primera visión de la posible organización territorial, que requerirá un mayor y detallado estudio, en una futura República Federal Española como la que Izquierda Republicana pretende, los estados federados que la constituirían podrían ser las actuales comunidades autónomas, separando León de Castilla la Vieja, con la posible unión de Navarra al País Vasco, y la también posible incorporación de Cantabria y La Rioja a Castilla. Estudiemos los territorios leoneses y castellanos, posiblemente los que mayores discrepancias tienen planteadas. Los estados federados que se podrían constituir serían León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva (o Castilla-La Mancha) y Madrid. Los territorios que formarían estos estados, partiendo de la actual división provincial, serían: León, León, Zamora y Salamanca -o con parte de Valladolid y Palencia también, ya que hay zonas vallisoletanas y palentinas que se consideran cultural e históricamente más leonesas que castellanas-; Castilla la Vieja, Palencia, Valladolid, Burgos, Soria, Segovia y Ávila; Castilla la Nueva, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Madrid podría estar incluida dentro de Castilla la Nueva, pero dada la población de Madrid y sus problemas, muy distintos al los del resto, posiblemente sería mejor que estuviese separada, tipo «distrito federal», para que no todo se resolviese desde el punto de vista madrileño, marginando al resto. Esta razón es la que primó a la hora de constituir la actual comunidad de Castilla-La Mancha. Los casos de La Rioja -o Logroño- y Cantabria -o Santander-, así como los de Treviño en Burgos y las comarcas actualmente valencianas de Requena y Utiel se mencionarán más abajo. ¿Por qué esta división? Intentaremos explicarlo lo mejor posible. León separado de Castilla, ya que, aparte de las diferencias históricas evidentes entre ambas regiones, buena parte de los leoneses no se consideran castellanos en absoluto, como lo demuestra la existencia de partidos leonesistas (PREPAL, UPL y otros), algunos con importante representación, como es el caso de UPL, que actualmente tiene tres procuradores en las Cortes de Castilla y León -mientras que TC-PNC, partido castellanista, únicamente tiene uno-. Con León pasa como con Navarra, que unos navarros se sienten vascos y otros no. Quedarían las tres Castillas mencionadas -la Vieja, la Nueva y Madrid-, que aunque tienen un desarrollo histórico y una cultura en común, posiblemente estarían mejor separadas por razones prácticas: cuanto más grande es un estado o una región, más fácil es que queden importantes zonas desatendidas y que haya más desigualdades entre unos lugares y otros -además de lo que ya se ha dicho respecto a Madrid-, como lo demuestra la actual comunidad autónoma de Castilla y León. Algo parecido está ocurriendo en Andalucía, donde algunos sectores de la población incluso consideran que sería mejor dividirla en Andalucía Este y Andalucía Oeste, dada la extensión de su territorio. Pero en modo alguno hay que ser contrario de entrada a la posibilidad de que estas tres Castillas se uniesen en una sola, habría que estudiar lo que fuese mejor o más conveniente para todos los castellanos. Llegamos a la forma de tomar una decisión u otra, ¿cómo hacerlo? Evidentemente, según determinase la voluntad popular, esto es, mediante referéndum. Aquí es donde entrarían Cantabria y La Rioja, que se incorporarían a Castilla o no se incorporarían según lo decidiesen sus habitantes. Idéntica solución para las comarcas de Treviño, Requena y Utiel y otras que surgiesen, serían sus ciudadanos los que decidirían incorporarse a un estado federado o a otro. Y los leoneses también tendrían que decidir lo que prefieren, si estar en Castilla o separados, así como qué territorios se incorporarían a este posible estado leonés. Pero esto es futuro, mientras llega el Estado Federal, en Izquierda Republicana abogamos por la descentralización administrativa acercando la Administración lo más posible al ciudadano, y porque las actuales comunidades autónomas puedan alcanzar el límite competencial máximo que establece la Constitución. Para el primer caso, creemos básico la desaparición de las Diputaciones Provinciales, y que sus competencias y medios económicos y humanos sean asumidos por los Ayuntamientos o, en su caso, por las comarcas y las mancomunidades que se puedan formar. Para el segundo, los republicanos proponemos una reforma de los Estatutos de Autonomía que posibilite a todas las regiones llegar al máximo de competencias posible, evitando así la existencia de regiones de primera y de segunda. Y en cuanto a los límites territoriales, creemos que los estatutos de autonomía deberían permitir la posibilidad de modificación de sus territorios o incluso de separación, algo que en Castilla y León actualmente no es posible.