El mercado de la Educación

EN 1985, en una época caracterizada por un considerable aumento de la población en edad escolar, el gobierno socialista promulgó la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que da pie a los conciertos educativos, no sólo desde un determinado concepto de libertad -libertad de elección de centro y libertad de cátedra, por ejemplo- sino también desde la consideración de que el Estado no puede, por sí mismo, garantizar la educación para todos, y ha de recurrir a la iniciativa privada, a cambio de la compensación económica correspondiente. Desde entonces hasta la actualidad, las distintas administraciones nacionales y autonómicas, prácticamente sin excepción y sin dependencia directa de las siglas del partido gobernante, se han esforzado en perpetuar el sistema de conciertos y, en un momento de evidente descenso de la población escolar, la enseñanza pública se convierte, poco a poco, en subsidiaria de la privada. El interés del Estado como tal contrasta, no obstante, con el de la iniciativa privada, ya que ésta -incluso la diocesana- no se ve obligada a buscar el beneficio social, ni tampoco las órdenes religiosas, al evolucionar, se creen en la obligación de mantener el espíritu de sus fundadores. De hecho, órdenes que se fundaron para recoger y educar niños desamparados en los arrabales, hoy en día tienen sus centros ubicados en zonas de clase alta y seleccionan a sus alumnos entre sus convecinos. Colegios que fueron instituidos para atender a alumnos marginales, conflictivos, desarraigados, se han convertido actualmente en centros elitistas, llegando a rechazar a ese tipo de alumnado y dedicando sus esfuerzos a la captación de alumnos de clases sociales acomodadas y de determinado rendimiento intelectual. La iniciativa privada -hoy totalmente comercializada- no se instala en ámbitos rurales, ni en barrios marginales y, so pretexto del ideario -que suele ser religioso-, no admite alumnos de otras confesiones religiosas ni, por lo tanto, inmigrantes. Y casi únicamente en base a ese mismo ideario selecciona a su profesorado. Todo ello, evidentemente, financiada con fondos públicos. En la provincia de León existen en la actualidad 35 centros de iniciativa privada con algún tipo de concierto en alguno de sus niveles o etapas. Se presupone que los mencionados conciertos deben atenerse a lo preceptuado en la normativa vigente sobre acceso, prórroga y pérdida de conciertos, así como al decreto y resolución que fijan, respectivamente, las ratios máximas y mínimas de alumnos por aula, aparte del resto de leyes y normas educativas. No obstante, del análisis detallado de los datos de escolarización de estos centros, a veces confusos y contradictorios, se deduce que la mayor parte de ellos ignoran continua y ampliamente la normativa citada. 1º Las aulas se masifican e, ignorando el interés por la calidad de la enseñanza, se sobrepasa la ratio máxima alumnos/unidad en muchos centros privados-concertados, en muchos casos con la única finalidad de mantener los conciertos en etapas posteriores. Un total de 46 unidades concertadas de la provincia están por encima del número de alumnos (25, según la LOGSE, en Infantil y Primaria, y 30 en Educación Secundaria), 38 de ellas en la capital, incluso con aulas de 31, 30 y 29 alumnos en Educación Infantil de 4 años; 39, 36, 34, 30 y 28 en Infantil de 5 años; en 4º de Educación Primaria hay aulas con 31 alumnos en Ponferrada y 29 en León; en 5º de Primaria, llegan a 31 algunas aulas de la capital; en 6º de Primaria alcanzan 31 alumnos en Astorga, y 30 y 29 en León y Astorga. Por su parte, en la Educación Secundaria Obligatoria sorprende un aula de León que escolariza a 37 alumnos en 4º curso y otras dos de 36 en el mismo centro y curso, al igual que ocurre en Camponaraya. En 10 casos de los citados anteriormente (9 en León y 1 en La Bañeza), ese exceso se aprovecha como estrategia para multiplicar sus conciertos en etapas superiores, sin necesidad de aumentar el número de alumnos. 2º En el extremo contrario se encuentran las 23 unidades concertadas con un número ínfimo de alumnos, muy por debajo de la ratio que establece la normativa al respecto, de acuerdo con la cual todas estas excepciones debieron ser conocidas e informadas por la Dirección Provincial de Educación, puesto que su mantenimiento supone el derroche de 690.000 euros (114 millones de pesetas). 3º Estos centros, que han mantenido artificialmente una unidad, ofertan para el presente curso un número desorbitado de vacantes, con la finalidad de perpetuarla. Es difícil entender que, si este año se han informado favorablemente los conciertos para favorecer la continuación de línea en sentido ascendente, no se haya aplicado el mismo criterio en sentido inverso, procediendo a la supresión definitiva de los conciertos afectados y evitar así una continua sangría para los fondos públicos. 4º Debemos denunciar, una vez más, que seis centros privados sostenidos con fondos públicos practican año tras año una segregación total y absoluta de los alumnos con necesidades educativas especiales, cuya escolarización es obligación legal para acceder a los conciertos. En otros 10, la matrícula de este tipo de alumnos es prácticamente anecdótica, en comparación con el número total de alumnos que matriculan, y en otros dos el bajo número de ACNEEs contrasta muy especialmente con el de los colegios públicos del área de influencia. En fin, de los 35 centros Privados concertados existentes en la provincia de León, sólo 13 escolarizan un número de ACNEEs suficiente, cayendo así todos los demás en el elitismo más absoluto. 5º Si nos centramos en el análisis de los datos de escolarización de minorías étnicas, los datos no son muy distintos: nueve centros de la provincia practican una segregación total y no escolarizan a ningún inmigrante, mientras otros cuatro sólo cuentan con uno de estos alumnos. En total, la provincia escolariza a 1184 alumnos inmigrantes, de los que 1011 (el 85'38 %) lo hacen en centros públicos y sólo 176 (14'86%) en centros privados. Recientemente, el propio Procurador del Común, denunciando la situación aquí reflejada, exigió a la Consejería la anulación de los conciertos de los centros que no tengan matriculados alumnos inmigrantes y de minorías étnicas, pero no se han observado actuaciones en este sentido. Ha llegado el momento de revisar las formas de participación del Estado en la gestión y funcionamiento de los centros concertados. En primer lugar, es necesario reducir su presencia a los límites necesarios: es el Estado el que debe garantizar la existencia de plazas suficientes en la red pública; a partir de aquí, puede justificarse la contratación de servicios auxiliares a empresas privadas. No es entendible por la sociedad que el Estado financie al 100% estas empresas y luego se limite a una actitud pasiva en lo referente a su funcionamiento: contratatación del profesorado, selección del alumnado, cobro de cantidades añadidas a las familias, etcétera. En un sistema democrático como el nuestro, todos los ciudadanos y todas las instituciones deben tener un mismo tratamiento. No es admisible que ninguna institución subvencionada con fondos públicos escape a la supervisión de su funcionamiento para comprobar si éste se ajusta a los principios de legalidad, transparencia y fiscalidad que deben regir el funcionamiento de los centros públicos.