Tranquilidad en Antibióticos, nervios en el campo

LOS NUEVOS propietarios italianos de Antibióticos han viajado hasta León y Valladolid con el fin de despejar las dudas que existen sobre el futuro de la factoría, a cambio, como es habitual en estos casos, de lograr las correspondientes ayudas económicas de la Junta, ya comprometidas con anterioridad. Políticos y empresarios han mostrado su satisfacción y han dicho que las nuevas inversiones, junto a la apertura de la filial Vitatene en proceso de construcción, permiten garantizar la permanencia de los actuales 437 empleos y de los 50 trabajadores afectados por una regulación temporal de empleo. Antibióticos es sin duda la empresa que más sustos ha causado a los leoneses desde hace algunos años, debido a que sus últimos propietarios, desde Mario Conde, han gestionado la compañía con un afán meramente especulador y no productivo. El actual propietario, el grupo Sir Fidia, compró Antibióticos a la firma italiana Montedisson, quien la había adquirido apenas dos años antes a Ferruzzi porque estaba en el mismo paquete junto a empresas productoras de energía eléctrica, objetivo fundamental de aquella operación. Este tráfico puramente financiero, unido al tradicional oscurantismo informativo en el que se han movido los sucesivos propietarios de Antibióticos, ha provocado una gran desconfianza. Sir Fidia ha venido a poner un punto de calma y cordura, siquiera porque es una compañía que tiene como único objetivo la producción química. A nadie se le oculta que la globalización mundial de la economía es un hecho. Antibióticos dispone de factorías en León, China e Italia. Asía, por su ingente población y su incipiente nivel de desarrollo, se ha convertido en el continente idóneo para producir con muy bajos costes en mano de obra y, aspecto nada desdeñable, sin los inconvenientes que plantean las sociedades avanzadas en cuanto a medidas de protección del medio ambiente. La realidad de estos datos y el desapego emocional que existe hoy día entre el capital y el terruño que ocupan las empresas, alimentan el temor de que cualquier operación en torno a Antibióticos sea puramente especulativo. Los nuevos propietarios han dicho que no es así, y que están dispuestos a poner en marcha un nuevo sistema de producción de penicilina con el fin de abaratar costes, lo que permitirá competir con las factorías asiáticas. Esta modernización se une al proceso de producción de Vitatene, la factoría que actualmente se levanta en León con el fin de comenzar a producir en el segundo trimestre del próximo año una serie de productos químicos que se utilizan como colorantes de alimentos y bebidas, además de otros fines. Los nuevos propietarios italianos han ligado el futuro de Vitatene a la modernización de Antibióticos. Es decir, que todo va en el mismo paquete y que la Junta de Castilla y León hará frente a la solicitud de ayuda de diez millones de euros (1.660 millones de pesetas) sobre los cincuenta que afirman los italianos costará toda la operación. Los trapicheos de los anteriores propietarios (que incluso intentaron intervenir en la campaña electoral con fórmulas de venganza y chantaje) no son la mejor carta de presentación para nadie. Pero es evidente que ni todos los españoles somos iguales por el hecho de ser españoles, ni los italianos tampoco. La economía ha sido protagonista indiscutible de la semana. En el Ayuntamiento se dan los primeros pasos para una operación urbanística de grandes dimensiones, vinculada a la prometida desaparición de la estación de Renfe y la prolongación de la calle Ordoño hasta el barrio La Sal. Ebro-Puleva entrega al Ayuntamiento más de 25.000 metros cuadros de terreno (en los que se incluye el edificio de la vieja azucarera Santa Elvira) a cambio de que le permita construir viviendas en los 80.000 metros restantes. A su vez, el Ayuntamiento se propone rehabilitar la vieja fábrica como referencia de un futuro palacio de congresos y de un recinto ferial aledaño. El actual alcalde, el socialista Francisco Fernández, le pidió a Juan Vicente Herrera la colaboración económica de la Junta para culminar esta iniciativa. Herrera, que seguramente no sabía muy bien de que le estaba hablando el edil leonés en la primera entrevista protocolaria que ambos mantuvieron en Valladolid, le dijo que sí, que contara con su aportación. Menos entusiasmo han mostrado los concejales del PP, quienes de paso han criticado al PSOE por realizar una política que hace tan sólo unos meses criticaban. Recuerda Cecilio Vallejo que cada vez que se producía una permuta de suelo, los concejales socialistas acusaban al entonces equipo municipal de gobierno de especulador. Ahora que el PSOE gobierna no elude los sustanciosos beneficios de la especulación urbanística. Claro que Fernández puede decir que en el PSOE también son muchos y diversos y que de los anteriores concejales socialistas en el Ayuntamiento, ya no queda más que uno. Lo de menos parece ser la pérdida de credibilidad que este tipo de comportamientos provoca en la gente. Ya resulta imposible ver aquellas inesperadas manifestaciones de campesinos de comienzos de la transición política. No es que ahora estén mucho más contentos. Es que ya apenas quedan agricultores. La mejora de la maquinaria y los bajos precios de los productos agrarios, han propiciado una reconversión encubierta que se ha saldado sin grandes apuros para los gobernantes. Y como son pocos los que expresan su protesta, han decidido acudir a Valladolid en fecha no concreta para que el gobierno de Castilla y León no alegue ignorancia. Quienes protestan son los agricultores del Páramo Bajo, que han de regar sus fincas con el agua del Esla que les llega a través del sistema de elevación instalado en Villalobar. Este procedimiento fue construido como alternativa al pantano de Omaña, proyecto muy contestado por los habitantes del valle y que finalmente sería desechado al no contar tampoco con el aval del preceptivo estudio europeo de impacto medioambiental. La Confederación Hidrográfica pretende ahora repercutir el coste del sistema de elevación en los agricultores, quienes a partir del año 2008 también habrán de pagar tasas por el canal y las balsas de regulación. En total, 250 euros, unas cuarenta mil pesetas por hectárea. Los agricultores dicen que es una barbaridad y la Administración asegura que rebajar el canon sería delito de prevaricación. Olvida el presidente de la Confederación que el delito no existe si se deroga la ley que lo contempla. Por si tiene dificultades de comprensión de algo tan obvio, que mire hacia el Ayuntamiento de León en el asunto arriba abordado. Hoy construir un edificio de viviendas en los terrenos próximos a la azucarera Santa Elvira es delito. Pues se va a hacer. El Ayuntamiento cambiará la ley y modificará el uso de la parcela. Donde pone ahora rústico, dentro de unos meses pondrá urbano. Ya no habrá delito. Fácil, ¿no? Dejando a un lado la ironía, la realidad es que los agricultores no viven un buen momento para afrontar unos costes que si ya hoy resultan sumamente gravosos, se convertirán en inasumibles cuando las ayudas europeas al campo se reduzcan e incluso desaparezcan. Este es el auténtico problema. El miedo de unos agricultores que han cumplido años esperando estérilmente el agua prometida hace décadas y sobre los que el futuro de esperanza de entonces se torna ahora presagio de una competencia internacional a la que no podrán hacer frente sin ayudas. ¿Y por qué optar por la política de subvención al producto ya cosechado, un sistema frustrante, cuando sin duda resulta de mayor estímulo el apoyo a los medios de producción? Ha sido el campo, en todo caso, la nota más negativa en una semana más sonriente en el aspecto económico, con buenas noticias también sobre la plena ocupación de la segunda fase del polígono de Onzonilla.