Chatarracyl

UN MEMORABLE gazapo daba cuenta hace un par de años en un periódico nacional de un accidente de tráfico en el que habían muerto «cuatro personas y un inglés». Este redactor debía consumir la misma empanada que el burócrata que expide los certificados de navegabilidad de los helicópteros rescatados del desguace que, un año más, contratará la Junta de Castilla y León para dar cobertura a la campaña de incendios. Y es que estos aparatos, cuya utilización no está permitida en la mayoría de los países de la UE, tienen prohibido por razones de seguridad sobrevolar núcleos urbanos o transportar personas, aunque sí que pueden trasladar cuadrillas de trabajadores forestales. Una de estas chatarras volantes, fabricada hace treinta años, fue la que cayó en Sahechores en septiembre del 2002 cuando trasladaba a una brigada a sofocar un incendio. A bordo iban personas, desde el piloto, que era un chileno sin permiso de trabajo en el momento del accidente, hasta los trabajadores forestales, como César, el peor parado, que estuvo 48 días ingresado en la uci y en grave peligro de muerte sin que nadie de la Junta se interesara por su estado de salud. Desde el punto de vista de la legalidad se podrá eximir de responsabilidad a la Junta, que subcontrata la protección de los montes a empresas del tipo Trágate-esa-eseá , y que a su vez alquilan los helicópteros a Ferrallas del Duero , o algo así. Con la ley en la mano, la Administración podrá echar balones y responsabilidades fuera, pero su actuación no supera el más elemental examen de ética y sentido común. Porque puestos a ahorrar, también podrían contratar el renting de los coches oficiales con Chatarracyl y contratar a la consejera de Medio Ambiente en una ETT, que con tres horas de trabajo a la semana seguro que les llega.