Doctrinas de Zapatero

EL PRESIDENTE Rodríguez Zapatero anunció que sería escueto, en las declaraciones efectuadas en Marivent, tras su encuentro con el Rey. Pero estaba claro que debería prestar atención a algunas cuestiones políticas de notable actualidad y alcance surgidas y alimentadas este verano: Una de ellas, el pacto antiterrorista y su posible ampliación para que pueda ser firmado por los nacionalistas del PNV, de CiU y hasta de ERC. La otra, la correspondiente puntualización o valoración de las muy controvertidas declaraciones de Pascual Maragall sobre autonomías, nacionalidades y reforma constitucional y de estatutos. Acerca de la eventualidad de que la Comisión parlamentaria del 11-M sea ocasión propicia para ampliar el pacto antiterrorista, parece ser idea que complace a Zapatero. Pero en modo alguno quisiera sustituir el actual pacto, firmado por PP y PSOE, por otro que firmaran el PSOE y los partidos nacionalistas, y que ampliaría la colaboración de los partidos democráticos a cualquier clase de terrorismo, incluido el de los fanáticos islamistas. Zapatero está satisfecho del pacto con el PP y lo que desea es ampliarlo en contenidos y en firmantes, pero no sustituirlo. La dificultad de esa ampliación de firmantes viene dada por la exigencia del PNV de que se suavice la exposición de motivos, en la que el nacionalismo, por imperativo del PP, casi pasa a ser tan abominable como el terrorismo mismo. En cuanto a Maragall y sus ideas sobre clases y grados de autonomías, regiones o nacionalidades, Zapatero se ve en la necesidad de aportar doctrina general indiscutible, pero digna de ser recordada: España es un proyecto común en el que debe estar garantizada la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y el respeto a las distintas identidades territoriales. A partir de ese punto elemental, y sin inclinarse por Maragall o por Chaves, -en todo caso, por este último-, Zapatero insiste en que cualquier reforma de estatutos o de la propia Constitución deberá conseguir el mayor consenso posible, como garantía del respecto a la diversidad de pueblos, nacionalidades y comunidades. Y para dar respuesta también a los planteamientos autonómicos de Ibarretxe, Rodríguez Zapatero invocó otra «doctrina general no discutible: en el sistema constitucional caben todas las propuestas siempre que respeten el marco constitucional y los procedimientos». El Plan Ibarretxe roza o lesiona ambas cosas, va más allá de los que establece la Constitución y las maneras de proceder a reformar el Estatuto de autonomía vigente. Otra cuestión política del próximo curso ha de ser la consulta sobre la Constitución Europea. Y sobre ese particular, Zapatero tampoco tiene la menor duda: cualquier europeísta debe dar un sí a la Constitución. De esta manera situaba ante su propia contradicción a los europeístas de toda la vida, europeístas contra Franco y la dictadura, que en este instante no terminan de despejar sus recelos o escaso entusiasmo hacia el texto elaborado para los casi quinientos millones de europeos de los veinticinco o treinta países miembros de la Unión Europea.