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JOSÉ CAVERO
León

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TRAS OBSERVAR la actividad política que se ha producido en los últimos días por virtud de las intervenciones de Ibarretxe y Maragall sobre el modelo territorial, el principal dirigente de la oposición, Mariano Rajoy, se ha visto en la necesidad de regresar a algún foro, siquiera por unas horas, para no parecer desaparecido no emboscado. Ciertamente, las declaraciones de Ibarretxe y Pascual Maragall sobre la futura España de las autonomías han caldeado el asunto. ¿Se propasó el molt honorable-endeudable? A juzgar por las reacciones cosechadas, así pudiera haber sucedido, empezando por su propio partido, donde se han acogido con displicencia o con enfado algunos de sus planteamientos. Hasta el punto de que, si bien hasta ahora había un acuerdo de Santillana en el que los barones socialistas habían compendiado su parecer sobre la España territorial o autonómica, se ve insuficiente esa doctrina a la hora de abordar, en el siguiente curso político, las tareas pendientes de reformar estatutos autonómicos y de acomodar la Constitución vigente en otras dos materias ya anunciadas y comprometidas. Pues bien, esa tarea de «cohesionar la postura del partido socialista en las instituciones» le corresponderá al nuevo secretario de relaciones institucionales y de política autonómica del PSOE, Alfonso Perales, «casualmente» un hombre de confianza de Manuel Chaves, y que es además un referente de peso en la nueva ejecutiva socialista. El propio Perales ya ha explicado que uno de los objetivos en política autonómica será ésa de cohesionar las demandas de cada territorio para que no desborden la Constitución. «El PSOE debe dar una respuesta sobre la concepción de una España robusta y fuerte que no está en riesgo. Favorecemos la diversidad sin complejos, pero sin desbordar la Constitución», reitera Perales, en línea con lo que este lunes afirmaba Rodríguez Zapatero tras su encuentro con el Rey en Marivent: Caben todas las propuestas desde las respectivas autonomías, siempre que respeten el marco constitucional. Perales recuerda también que la Constitución dice que España está constituida por nacionalidades y regiones. Pero, añade, que «ya no vale decir que hay tres comunidades históricas porque otras, como Andalucía, tienen también esa condición. Cada autonomía tiene que acordar la fórmula en la que esté más cómoda. Nadie tiene derecho a apropiarse de la denominación histórica para sí y negar a los demás su uso», agrega. ¿Está de acuerdo el PP con esas posiciones? Es bastante probable que así suceda en cada una de las autonomías en las que gobierna el PP, aunque la doctrina Aznar-Rajoy hasta ahora vigente fuera distinta: el mapa autonómico, sostenían hasta hace poco, estaba ya cerrado, se habían transferido ya demasiadas competencias, y el modelo autonómico no daba más de sí. Zapatero ha dado un vuelco decisivo a esos planteamientos: es hora de que cada parlamento autonómico determine qué grado de autogobierno desea para su propia autonomía. Y si encajan esas aspiraciones en el marco constitucional, las Cortes de la Nación le darán el correspondiente visto bueno.

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