Ante una grave alarma social

LA TORTURA, abusos y asesinato de Silvia y Aurora, las dos jóvenes policías de León, ha abierto un gran debate: el mismo que se abre siempre que un preso con permiso carcelario vuelve a delinquir. En este caso, con un añadido: ha sido tal la conmoción causada por un suceso tan bestial y por un individuo con sus antecedentes, que estamos ante un caso de alarma social. Es difícil entender que un delincuente, que ya había aprovechado un permiso para cometer otra violación, haya podido salir a la calle. No es la opinión de un periodista. Es la expresión de un lamento y una irritación que se escucha en todas las conversaciones. Se puede argumentar que miles de presos disfrutan permisos con normalidad, y no ocurre nada: sólo hubo algunos casos similares en los últimos años. Es verdad, pero decidles eso a las familias de Aurora y Silvia. Decídselo a las mujeres de Cataluña que estos días han vivido dominadas por el pánico, sabiendo que un asesino cruel estaba cerca de sus casas. Y decídselo a cualquier persona sensible. La gravedad de un hecho no se mide sólo por la cantidad de veces que se produce, sino por la cantidad de dolor y alarma que crea en la población. El sacrificio de estas dos chicas tiene que servir para algo: para encontrar soluciones. El responsable de prisiones de Cataluña argumenta que hay que esperar a que se enfríen los ánimos. Su actitud puede ser muy humanitaria, pero discutible. Esto no es una venganza que deba servirse fría. Es la respuesta a una demanda de la sociedad. El legislador debe actuar cuando existe esa demanda. Si espera a que se enfríen los sentimientos, podrá conseguir resultados muy objetivos, pero con el riesgo del olvido. Así ha ocurrido casi siempre. Aquí hay cuatro hechos demostrados. Primero, que delincuentes como el de Hospitalet de Llobregat son casi siempre reincidentes. Segundo, que quienes conceden los permisos lo hacen de acuerdo con la legislación. No actúan por capricho. Tercero, que los jueces de vigilancia y los fiscales, que tienen la última palabra en los casos más dudosos, no disponen de tiempo ni de medios para lo que se llama un "tratamiento personalizado". Y cuarto, que no existen medios técnicos de control y seguimiento del preso que sale a la calle. La suma de estos cuatro factores es explosiva. ¿Qué hay que hacer en esta situación? No se trata de proponer barbaridades, como han hecho en otros países europeos, donde incluso se ha llegado a sugerir la castración del delincuente sexual. Se trata, sencillamente, de que esos reclusos tengan el tratamiento diferenciado, excepcional, y desde luego duro, en sus beneficios penitenciarios: el tratamiento que corresponde a delincuentes con altas probabilidades de delinquir. ¿Es tan difícil?