Antes personas que territorios

EL AYUNTAMIENTO de Madrid quiere liberarse de la tutela y la asfixia que la Comunidad de Madrid ejerce sobre él. Habrá quien vea en ello un capítulo más de los enfrentamientos entre su corregidor, Alberto Ruiz Galladón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, o entre tendencias políticas dentro del Partido Popular. Sin embargo, el asunto merece algo más de reflexión. La Comunidad de Madrid no existiría si la Villa no fuera la capital de España. Gracias a eso no forma parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Pero la Comunidad, como otras, coarta y restringe las posibilidades del Ayuntamiento de Madrid, tal y como denuncia Ruiz Gallardón. Paralelamente vemos cómo el lendakari Juan José Ibarretxe considera derechos históricos del País Vasco unos injustos privilegios fiscales ortorgados en el siglo XIX por Cánovas del Castillo a cada una de las tres provincias vascas y a la de Navarra, cuando a la Comunidad autónoma vasca le faltaban decenios para existir como tal. Y también paralelamente en la Generalitat de Cataluña traman la desaparición de las cuatro provincias catalanas para sustituirlas por otra división territorial. Ayer mismo hemos sabido que la reforma del Estatuto de Canarias, acordada por Coalición Canaria y el Partido Popular, es de corte confederal y, por lo tanto, anticonstitucional. Finalmente, por no citar más casos, también Andalucía está proyectando reformas estatutarias de autoafirmación frente al Estado. Todo lo anterior viene a cuento porque hoy se reúne el plenario del Congreso de los Diputados para debatir el llamado Plan Ibarretxe. Los representantes de la soberanía nacional lo rechazarán por abrumadora mayoría. Pero deben ser muy conscientes de que no se trata sólo de poner el freno a una propuesta anticonstitucional, insolidaria e independentista. Una propuesta que además divide claramente a la sociedad vasca. Una propuesta que no suma, sólo resta. Han de enviar un mensaje claro a todas las comunidades autónomas. Un mensaje en el que sea inequívoco para todos que la descentralización no significa centrifugación. Y además tiene sus límites. Porque España, antes que territorio, la componemos ciudadanos/as, personas físicas con todos los derechos y no tribus, y para mayor abundamiento, que somos los que contruibuimos a la hacienda común. Seguimos con la tabarra del Plan Ibarretxe, que hoy lo defenderá desde la tarima. No podrá intervenir en los turnos de réplica. Cuando acabe ocupará sitial en la tribuna de invitados. Los nacionalistas vascos seguirán con su tabarra hasta las elecciones, eso ya está diagnosticado. Los representantes de la soberanía nacional, pues, han de transmitir a todas las comunidade autónomas un mensaje claro y sin ambigüedades. Por cierto, y aunque sea fuera de guión: Ya va siendo hora de que el centralismo autonómico desbloquee y dé paso a una descentralización en profundidad a favor de las Diputaciones y de los Ayuntamientos. Por ahí hay que empezar.