Filosofía de Cruz y Raya en la política leonesa

NOS FALTA CONVICCIÓN y entusiasmo para defender lo nuestro. Tal vez tengamos un exceso de aguafiestas patrimonializados en León, como definía el leonesista Luis Herrero Rubinat a quienes frente a la ilusión anteponen el escepticismo. Resulta inevitable el recuerdo de los humoristas Cruz y Raya al escuchar a nuestros políticos. Si hay que pedir dinero a la Unión Europea, se pide, pero pedir pa ná... Esto es lo que han venido a decir, por ejemplo, el secretario provincial del PSOE, Miguel Martínez, y el alcalde de León, Mario Amilivia. No son los únicos. La falta de entusiasmo afecta a todos los que tienen en sus manos la capacidad de adoptar decisiones sobre el polémico asunto de las ayudas europeas, aunque sean los citados quienes con mayor energía y decisión descalifican las pretensiones enarboladas por los leonesistas. Y tal vez sea precisamente este el problema, que un asunto con una visión puramente técnica, pragmática, se interpreta más como un riesgo político, como una amenaza a la integridad territorial de Castilla y León. Recordemos los antecedentes para situar a los lectores menos informados: Hace menos de dos semanas un comisión política encabezada por el presidente Herrera, con representación de todos los partidos políticos, viajó a Bruselas para solicitar que no se corte el grifo de los fondos europeos que todavía riegan la comunidad. Herrera reconoció que será difícil mantener las ayudas que hasta ahora la autonomía ha recibido como consecuencia de que en los últimos años el nivel de renta en Castilla y León ha superado el 75% de la media europea, línea divisoria entre quienes reciben y quienes aportan. El anuncio ahora de la Presidencia Europea de intentar prologar la situación actual para España durante uno o dos años, no despeja el problema de fondo, ni, por lo tanto, cierra el debate. Con este panorama desalentador, la UPL propone una argucia administrativa: dotar de entidad administrativa a León, Zamora y Salamanca, un territorio que cumpliría los requisitos comunitarios para acceder a las ayudas, puesto que la renta per cápita del antigua Reino de León no alcanza el límite del 75%. El lunes, Mario Amilivia enjuicia públicamente con escepticismo la propuesta de los leonesistas. Dice que León tiene una renta del 79% y se olvida, deliberadamente, de que la propuesta incluye también a Salamanca y Zamora, cuya contribución en este caso resulta determinante. No obstante, deja una puerta abierta al anunciar que el PP estudiaría la propuesta en caso de que sea avalada por el Gobierno, que en última instancia es a quien compete realizar la propuesta ante Bruselas. El entusiasmo no es mayor en el PSOE. El secretario provincial de los socialistas leoneses, el también Senador Miguel Martínez, muestra el mismo grado de recelo y para afear la pretensión leonesa ejemplifica con provincias como Teruel, fuera de Aragón, o Córdoba y Jaén, al margen de Andalucía. La diferencia fundamental es que León, Zamora y Salamanca cumplen las condiciones, como son, además de la renta, una determinada superficie y un número mínimo de habitantes (entre 800.000 y tres millones). Martínez, además, está mal informado, porque Andalucía sigue siendo región Objetivo 1, territorio acreedor al máximo de las ayudas europeas, al igual que Galicia, Extremadura y Castilla y La Mancha. Y en todo caso, no sirven comparaciones tan peregrinas, porque la pretensión de obtener las ayudas no representa agravio alguno para cualquier otra región o provincia españolas. En absoluto la legítima ambición propia excluye derechos de otras partes de España. Miguel Ángel Cardo, miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE, manifestaba el pasado miércoles en la tertulia que comparte los miércoles en la Ser con quien suscribe, que la pretensión en favor de León no es descabellada, que existen antecedentes en Irlanda y en otros países europeos. El entusiasmo de Cardo, que sin duda tiene partidarios en el PSOE leonés, se vio frustrado por una intervención más contundente de Miguel Martínez al final del citado programa radiofónico. El representante del socialismo militante leonés reiteró su escepticismo y hasta negó (temerario desmentido si damos crédito a las palabras de Cardo) que su partido oficialmente estuviera realizando estudio alguno sobre el asunto. Ángel Villalba, teórico jefe superior, afeó también la conducta de Martínez, al recordar, en declaraciones a los periodistas, que ya en el año 2004 personalmente había defendido en las Cortes de Castilla y León la posibilidad de fragmentar la comunidad a los únicos efectos de no perder todas las ayudas comunitarias. Villalba propone que se incluya la provincia de Ávila, tal vez también a Palencia. Tampoco el gobierno regional está por la tarea. El pasado jueves, la vicepresidenta primera de la Junta, al término de la reunión del Consejo de gobierno, lo expresó con claridad: «La Junta -dijo María Jesús Ruiz- defiende a la autonomía en su conjunto y no nos parece que dividir a la comunidad, fragmentando sus posibilidades, sea en ningún caso beneficioso, y mucho menos para negociar con el conjunto de la UE y del Estado». Parece claro que nuestros políticos tienen un gran interés por hacerse los tontos y aparentar que no saben interpretar mensajes. La propuesta no va contra nadie, sino a favor de todos. Si Castilla y León recibe ayudas porque una parte de su territorio es reconocido oficialmente por la UE como más pobre, bienvenidos sean unos fondos que redundarán en beneficio de toda la comunidad. ¿No están sirviendo los fondos Miner para favorecer el desarrollo global de Castilla y León, aunque teóricamente su destino sea exclusivo para las zonas productoras de carbón? La posición contraria ni siquiera es propia del vecino envidioso. Y tampoco es cuestión de resucitar la hidalga tradición de ricos en dignidades mal entendidas y escuálidos de bolsillo. ¿Porqué ese empeño, entonces, en desechar de entrada la hipótesis que plantea la UPL? A uno se le ocurre que precisamente por eso, porque la idea y la apuesta no es propia de quienes mejor pueden defenderla. Tanto el PSOE como el PP probablemente teman que otorgar una condición administrativa especial al antiguo Reino de León suponga abrir una vía de agua de trayectoria y contenidos imprevisibles. La propuesta de Ángel Villalba puede representar un hallazago. La incorporación de Ávila sin duda eliminaría muchas de las suspicacias y podría servir de elemento neutralizador para quienes ven en esta apuesta un riesgo segregacionista más allá del beneficio económico. En el caso de Mario Amililvia, que hasta ahora se ha caracterizado por un cierto talante reivindicativo frente a Valladolid, lo que le ha acarreado más de un serio disgusto en su propio partido, seguramente obedece a otras claves. A nadie se le escapa que esta apuesta de la UPL a quien también puede dañar seriamente es a José María Rodríguez de Francisco, quien dentro de dos años concurrrirá a las elecciones municipales y autonómicas con unas siglas diferentes para arañar votos entre un electorado que ambas formaciones leonesistas comparten y se disputan. Amilivia no puede tirar piedras contra su actual socio de gobierno. También los celos en politica afectan gravemente a terceros. Sin estas ataduras, la voz de Javier García-Prieto, presidente de la Diputación, representa la posición más responsable del PP en favor de los intereses de la provincia. El debate está ahí. La UPL está obligada a aportar datos concluyentes que justifiquen la apuesta (a la vista de que el resto de los partidos están más empeñados en la confusión). A tener en cuenta igualmente que el día uno de mayo Rodríguez Zapatero estará en León. Un buen momento, sin duda, para que también despeje incógnitas e incertidumbres. Después de todo, a él le corresponde la última palabra.