España, un país de inmigrantes

ESTE FIN de semana, en un lugar público, escuché una animada conversación entre varias personas a cerca del proceso de normalización de inmigrantes. La mayoría mostraba un profundo recelo sobre el mismo; puede apreciar incluso signos de xenofobia en sus comentarios sobre negros sudamericanos. Lo paradójico era que algunos de los que hablaban eran antiguos emigrantes en Europa y en América, aunque no se veían como ellos. Hablaban de que ellos fueron emigrantes legales, con papeles; también mostraban una gran desconfianza por la indolencia de estos inmigrantes. Me imagino que una conversación cogida al vuelo no es un dato muy fiable sobre las actitudes racistas y xenófobas de la población española, pero es un signo. El dato lo proporciona el Centro de Investigaciones Sociológicas que aprecia que estas actitudes han crecido desde el año 1996 al 2004 de un 8 a un 32 por ciento. Ya somos un país racista. La razón de estas actitudes no está en la necesidad o no de emigrantes, algo que muy pocos discuten, sino en el rápido crecimiento de los mismos. Aunque las estadísticas no son totalmente fiables, parece que los extranjeros en España alcanzan ya la cifra de 3.700.000 personas, lo que supone algo más de 8 por ciento de la población. En diez años la cifra de inmigrantes se ha multiplicado por siete. En algunos lugares, como Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña superan el 11 por ciento. La media nacional es ya superior a la de Francia y se acerca a la de Alemania. Muy por debajo quedan países con una gran tradición en la acogida de emigrantes, como Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca o Suecia, que no llegan al 5 por ciento. Esta inmigración masiva en un periodo tan corto ha hecho saltar las alarmas de nuestro país, que se ha visto profundamente transformado en su composición social, formas culturales y pluralismo religioso. Una buena parte de esta población era además irregular al comienzo de este proceso. Desde el año 2000, con la Ley de Extranjería del PP, se quiso poner orden a este desconcierto, pero los enfrentamientos entre los partidos y la actitud muchas veces utópica de las organizaciones ciudadanas no lo ha permitido. De este modo, el número de extranjeros ha seguido aumento hasta las cifras comentadas y que en poco tiempo pueden superar los cuatro millones. De esas cifras, probablemente algo más de un millón todavía era irregular al comienzo del nuevo proceso de normalización iniciado el mes de febrero y que ha terminado este fin de semana. Dicho proceso ha tenido un poderoso efecto de llamada; las mafias que se lucran con la vida miserable de los inmigrantes no han tenido muchos problemas para buscar documentos «fehacientes» que acreditaran una residencia en España anterior a agosto de 2004. Aún así es probable que muchos no hayan logrado los papeles necesarios para su legalización. Dentro de poco habrá que volver a un nuevo proceso de regularización de inmigrantes. Los inmigrantes son un alivio a la terrible caída demográfica de nuestro país; son también una mano de obra necesaria para una economía en crecimiento, pero son o pueden ser un grave problema. Lo son ahora en muchas ciudades donde el nivel de conflictividad ha aumentado de manera alarmante, en la forma de bandas juveniles, mafias internacionales, prostitución, mendicidad, robos y, por contra, surgimiento de grupos de extrema derecha de ideología xenófoba. Lo pueden aún ser más si el crecimiento económico se detiene o se ralentiza. Buena parte de ese crecimiento ha estado ligado a los fondos de cohesión europeos, que ahora Francia y Alemania, los países amigos de zapatero, se oponen a prorrogar. He ahí una amenaza, por no hablar de los problemas culturales y religiosos, especialmente con los inmigrantes musulmanes, que ya superan los 700.000. A la desvertebración nacionalista, la desintegración social y cultural: dudo que España lo supere.