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JOSÉ CAVERO
León

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ES PROBABLE que, por bastante tiempo, el caso Roquetas merezca ser mencionado y tenido en cuenta tanto por los ciudadanos en general como en las distintas, y parece que complejas, casas cuartel de la Guardia Civil existentes en España. Cabe confiar en que, en efecto, como consecuencia benéfica del caso que nos ha venido ocupando, y preocupando, en las dos últimas semanas, podrá empezar a decrecer sustancialmente, o acaso tienda a desaparecer, una acumulación de abusos habituales, hasta la prometida tolerancia cero ante el abuso de autoridad, la prepotencia del mando, ocultación de pruebas, abuso excesivo de la fuerza... Los ciudadanos en general habremos de tener en cuenta, para exigir nuestros derechos, el caso de un campesino andaluz que entró por su propio pie a una casa cuartel reclamando ayuda y que salió 'en caja de madera y con los pies por delante', como suele decirse popularmente, y no porque le hubiera dado un infarto de miocardio, como inicialmente contó la versión oficial de los guardias civiles del cuartel, sino como consecuencia de los malos tratos recibidos por el mando y esos guardias del cuartel, que, todos a una, ocasionaron su muerte. El relato que ha efectuado el propio ministro Alonso pone los pelos de punta a cualquiera. Sólo la actitud del PP de oponerse por principio o por sistema a cualquier actitud que explique y defienda el Gobierno socialista explica el inexplicable comportamiento y argumentación de Astarloa. Este parlamentario del PP parece que pretendía «salvar el honor de la Guardia Civil», pero es dudoso que ése sea el procedimiento, cuando hay de por medio comportamientos indefendibles y que desprestigian de manera irreparable la imagen del cuerpo policial-militar. Por el contrario, hay que felicitarse de que las autoridades, el Gobierno, hayan estado a la altura de los acontecimientos y hayan reaccionado sin complejos, reclamando de cada cual las correspondientes responsabilidades, por encima de las dificultades que inicialmente se le plantearon, y que posiblemente son expresivas de las que pudieran ser normales y corrientes en casos precedentes o parecidos: resistencia a la investigación, ocultación de pruebas, abuso de autoridad, empleo de violencia... Es seguro que tiene que haber un antes y un después del caso Roquetas. La impunidad no puede seguir prevaleciendo entre los designados para garantizar el orden público. La democracia tiene que llegar, también y de una vez, a los agentes del orden y sus mandos, como a sus casas cuartel. Y tampoco vendría mal que esa exigencia democrática de tolerancia cero ante cualquier abuso alcanzara a algunos viejos dirigentes del PP.

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