Territorializar la pobreza

LA ASIGNACIÓN de fondos especiales de la Unión Europea a una parte de Castilla y León, pone en evidencia dos cuestiones: que existen dos velocidades diferentes en el desarrollo de la comunidad y que la propuesta realizada inicialmente por la UPL y tomada por muchos como chirigota, tenía suficientes puntos de razón. Al César lo que es del César. A principios del mes de abril del pasado año, el leonesista Abel Pardo fue el primero en hablar de la posibilidad de realizar una segregación administrativa con la suma de los territorios más pobres para acceder a los fondos europeos. Castilla y León en su conjunto había superado el 75% de la renta media de la UE y, consecuentemente, quedaba fuera del reparto de los fondos de cohesión. Sin embargo, si se tomaba como unidad geográfico-administrativa a León, Zamora y Salamanca, el porcentaje quedaba por debajo del límite excluyente de las ayudas. Otros requisitos para alcanzar ante la UE la representación suficiente son, aparte de la lógica continuidad territorial, la suma de una población superior a los 800.000 habitantes e inferior a tres millones. Estas condiciones puramente técnicas, que están al margen de las fronteras políticas (incluso de habló de la conveniencia de sumar territorio de Portugal), se cumplen al dejar fuera a Burgos y Valladolid, provincias que han alcanzado una renta per cápita superior en 25 puntos a la de León. Valladolid se ha situado en el 102% de la media de la Unión Europea. El planteamiento chocaba con el lógico recelo de los partidos mayoritarios. La apuesta segregacionista era interpretada como un torpedo en la línea de flotación de la comunidad autónoma, al coincidir el territorio segregado desde el punto de vista económico con las fronteras del viejo Reino de León. El PSOE sorteó este inconveniente con habilidad, como se ha demostrado ahora. Angel Villalba propuso añadir Avila al territorio de los pobres. De esta forma, además de hacer justicia con una provincia que también se había quedado atrás, se evitaban paralelismos no deseados con la configuración geográfica de la comunidad autónoma. Juan Vicente Herrera nunca se pronunció públicamente sobre esta apuesta, que implícitamente reconocía la existencia de una comunidad de dos velocidades. Sin embargo, sí que propició un frente sin fisuras en la reclamación ante Europa. A mediados de abril Herrera presidió una comisión, en la que también estuvieron representados el PSOE y la UPL, que viajó a Bruselas para entrevistarse con la comisaria de política regional. Parece evidente que las explicaciones ofrecidas convencieron a Danuta Hubner, que así se llamaba la interlocutora. Y, finalmente, hay que reconocer también el papel que sin duda ha desempeñado José Luis Rodríguez Zapatero, quien en última instancia ha tenido la valentía de propiciar una medida que podría no ser bien interpretada en otros lugares de España, poco conocedores de la realidad social y económica del deprimido Noroeste español. A nadie se le escapa que estamos ante el último tren. La política presupuestaria restrictiva de los socios más ricos de la Unión Europea y la incorporación de diez países escasamente desarrollados, apuntan hacia un futuro sin ayudas a partir del 2013. Esto significa que es muy importante que los 900 previstos en esta derrama adicional, que anunció Zapatero en el encuentro que mantuvo con Herrera en La Moncloa, se empleen con eficacia. Esto significa que los proyectos que se ejecuten han de resultar a su vez motores de creación de riqueza y no simples escaparates, sin posibilidades de generar empleo y nuevas actividades con posterioridad. Resulta también gratificante saber que este dinero especial no se puede destinar a proyectos ya presupuestados por cualquiera de las administraciones públicas. Han de ser obras nuevas y, por lo tanto, tampoco de las que obligatoriamente la Junta o el Estado han de ejecutar dentro de sus propios presupuestos en las provincias afectadas por el plan especial. Probablemente ya ningún leonés se crea en este momento que algún día desaparecerá el peaje de la autopista León-Asturias, en contra de lo prometido por José Luis Rodríguez Zapatero. Se anuncian rebajas, algún guiño que impida el reconocimiento de un fracaso que, como todo en la vida, se irá diluyendo en el tiempo. A nadie se le oculta tampoco que es imposible suprimir los peajes de las autopistas españolas y naturalmente no será una excepción nuestra provincia. Tampoco existe un clamor popular en este sentido, porque nadie ignora que las tasas públicas solamente se pueden quitar si se aumentan los impuestos o se reducen otros servicios. A pesar de todo, los partidos de la oposición al Gobierno se lo pasan bien restregándole a Zapatero por los ojos lo que se puede convertir en el primer incumplimiento contrastado de su ambicioso programa de promesas. El leonesista Luis Herrero Rubinat ha presentado una moción ante el Pleno de la Corporación Provincial por la que se insta al Gobierno a cumplir el compromiso electoral de su presidente. Rubinat no quiere que se vean aviesas intenciones en la propuesta, sino, por el contrario, que se valore como una aportación a la memoria. «El sentido de esta moción es totalmente constructivo y amable, sólo se trata de recordar al presidente su compromiso». Está bien que los politicos ejerciten la ironía y dejen a un lado la bronca soez que emplean con mayor frecuencia. Claro, que eso requiere capacidad e inteligencia. En el PP van más al bulto. La utilización parcial de una supuesta encuesta ha puesto en evidencia la lucha fratricida instalada entre los populares de León. La dirección del PP leonés encargó una encuesta a una empresa de telemárqueting con el fin de conocer la situación del partido en la provincia. Alguien del comité ejecutivo tuvo la ocurrencia de filtrar datos parciales, con el único objetivo de perjudicar a Mario Amilivia. Antes del verano se realizarán otras dos «oleadas» con el fin de detectar la evolución y establecer las estrategias ante los compromisos electorales del 2007. De momento ya saben que no levantan cabeza en Astorga, que tienen problemas en Cistierna, en San Andrés miran al PSOE con prismáticos, por su lejanía, en Ponferrada se mantienen las posiciones y en Valencia de don Juan, Martínez Majo no tiene rivales. En León, pese a la filtración-intoxicación citada, la realidad es que el único dato relevante aportado es que nadie tiene garantizada la mayoría absoluta y que será necesario reeditar los pactos. Isabel Carrasco afirma que está buscando a quien de esta forma ha puesto tan en evidencia las guerras internas del partido y, por añadidura, ha aireado que en el seno del PP persisten las camarillas y los odios cainitas. El caso es que una encuesta que pocos conocen en su totalidad (apenas una docena de personas) y que, al decir de algunos, representa un duro varapalo para el PP en la mayor parte de los municipios de la provincia, se ha convertido, merced a su filtración sesgada, en elemento para el regocijo del PSOE.