¿Cuántas Marbellas?

BUENO, pues ya publicó el BOE hace unos días el decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella, aprobado por el Consejo de Ministros y arropado por tres informes: los preceptivos del Senado y de la Comisión Nacional de Administraciones Locales, y un tercero del Consejo de Estado sobre si hay o no tiempo de convocar elecciones en ese puerto de Arrebatacapas costero, a tenor de lo establecido en el artículo 183 de la ley electoral, que fija un período mínimo de un año entre cada cita con las urnas. El PP, único partido que, por ahora, no tiene ningún concejal imputado o en chirona en la pasarela diaria to prison en que se ha convertido Marbella, quiere elecciones ya, y para ello pide cambiar por el trámite de urgencia la Ley Orgánica del Régimen Electoral. La Junta de Andalucía y el Gobierno se han inclinado por una comisión gestora que nombrará la Diputación de Málaga, previo acuerdo -es de esperar- entre el Partido Popular y el Partido Socialista. A partir de ahora caminarán entrelazados los protagonistas de dos peleas: la que seguirán manteniendo la policía y la Justicia con los ladrones, y la no menos encarnizada y más sonora PP-PSOE para alcanzar el sillón del quebrado fortín. La operación Malaya, ¡qué nombre tan lejano para algo tan próximo y familiar!, está poniendo negro sobre blanco lo que desde tiempos del GIL de don Jesús se sabía en la calle, se contaba en los cafés y se enseñaba a los niños como ejemplo a seguir para alcanzar la riqueza o a rechazar para lograr la honestidad. ¿Cuántas operaciones Malaya hay que poner en marcha en otros lugares de España? Si no se hacen y además pronto, algunos ciudadanos vamos a pensar que sólo tienen que poner sus barbas a remojar las agrupaciones electorales o cosa similar, y que los partidos tradicionales, incluidos los nacionalistas e independentistas, gozan de patente de corso en este patio de Monipodio, fruto sudoroso de las recalificaciones de terrenos, de los planes parciales, de los planes urbanísticos, de los PAU y de los PREYF (Plan de Rápido Enriquecimiento y Financiación). Que el Estado recuperase buena parte de las competencias en urbanismo, cedidas al grito de «¡lo más próximo al ciudadano es lo más eficaz!», sería la mejor solución contra este robo organizado, pero esto es más difícil que el nombramiento de Al Capone para sheriff de Nueva York. Las competencias se las pueden quitar a los ayuntamientos a cambio de otros recursos económicos, pero lo que es a las comunidades autónomas. ¡ Amos anda , listo! ¿Qué puede pasar si también troceamos la Agencia Tributaria?