Filibusterismo

SEGURAMENTE el lector recordará a Luis Carandell, periodista entrañable, con un fino sentido del humor y que, en los años finales de su carrera se convirtió en un ameno cronista parlamentario. Publicó el recordado Carandell una pequeña obra titulada Las anécdotas del Parlamento en la que, con el estilo natural, desenfadado e ingenioso que le caracterizaba, recogió una amplia serie de anécdotas curiosas sucedidas en las Cortes a lo largo de toda la vida parlamentaria española. En una de estas anécdotas se refiere a la práctica del «filibusterismo», consistente en plagar de enmiendas, las más de las veces absurdas, un proyecto de ley para impedir su aprobación. Fue esta una práctica bastante frecuente en la historia del parlamentarismo español y se está recuperando en estos dos últimos años de nuestra vida política desde que el PSOE formó gobierno tras las elecciones del 14 de marzo de 2004. Así vemos como la oposición del Partido Popular ha ido engolfándose cada vez más en esta práctica que no hace más que perjudicar el normal desenvolvimiento de la convivencia democrática española. He intentado buscar en nuestra historia contemporánea razones que me ayuden a explicar esta deriva insensata en la que se ha metido de bruces el PP. He de confesar que no las he encontrado, aunque puede que las haya. La razón de ello es que quizá no haya utilizado el método adecuado de búsqueda, porque tal vez no sea en la historia donde haya que buscar las razones que expliquen tanto desatino, sino en la psicología. Ahí es donde la explicación cobra sentido y encajan las piezas de este rompecabezas. En efecto, del mismo modo que los niños que han recibido una buena educación se convierten con el tiempo en adultos maduros y responsables de sus actos, ocurre también que las personas con una sólida cultura democrática muestran su madurez conduciéndose democráticamente en todos los actos de su vida. Porque la democracia no se aprende en los libros, la ética democrática es una costumbre, es decir, es algo que se interioriza sólidamente a lo largo de la vida. En definitiva, el comportamiento democrático es un plebiscito cotidiano en el que la discusión y la confrontación de pareceres enriquece la convivencia colectiva, siempre que tal disputa se haga desde el respeto al contrincante y con cuidado para que el edificio institucional construido a partir de estos principios permanezca intacto. Lo que diferencia la democracia de EE. UU. de la europea es que aquélla es una democracia de ciudadanos; unos ciudadanos que pueden estar orgullosos de haber construido una gran nación con el esfuerzo de todos; una democracia en la que, por encima de la pertenencia a uno u otro partido político, se pertenece a la comunidad; en la que la sensatez del legislador y la búsqueda del bienestar general han estado tradicionalmente por encima de las disputas de partidos y en la que, en consecuencia la estabilidad política es la nota dominante desde finales del siglo XVIII. Sin embargo, las democracias europeas son democracias de partidos. Así pues, son éstos los que lideran a la sociedad, de manera que la mejor o peor salud de la democracia en los países europeos está estrechamente relacionada con la mayor o menor madurez democrática de sus partidos políticos, por ello su responsabilidad es enorme. En las últimas semanas ha podido leerse con frecuencia el calificativo de «irresponsable» para conceptuar la oposición política que está orquestando el Partido Popular. La causa de esta actitud irresponsable no puede hallarse en otra cosa que no sea la inmadurez democrática que están exhibiendo los dirigentes populares, una inmadurez que los tiene tan cegados que no distinguen la lógica confrontación política con la saña y el resentimiento. Es por esto por lo que, tristemente, no podrá decirse que nuestro país sea una democracia madura mientras sean las vísceras y no la razón de Estado lo que muevan la estrategia política de una organización tan importante como el PP. Porque un partido que ha gobernado y que puede volver a gobernar debe conocer cuáles son sus límites y sus obligaciones democráticas, unas obligaciones que pasan por no poner en entredicho, por ejemplo, la división de poderes, ni la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo cuando, haciendo gala de una preoc upante deslealtad política, critica la política antiterrorista de éste. Desde el momento en el que el jefe del poder ejecutivo es elegido por el pueblo, independientemente del modo de elección que las leyes hayan dispuesto, al llegar el momento de ésta, el país vive momentáneamente en un cierto estado de crisis y de agitación en el que se desatan hasta cierto punto las pasiones individuales y colectivas en defensa de uno u otro candidato. Pero una vez realizada la elección y conocido el escrutinio, las democracias maduras dejan de lado las pasiones propias de la contienda y la calma vuelve de nuevo a la vida de la colectividad. Ocurre esto porque el perdedor admite la derrota y no discute la legitimidad de la victoria del ganador. Esta actitud asegura la buena salud de la democracia y, por ende, de la convivencia de todos. Porque no se puede al mismo tiempo discutir la legalidad del triunfo del oponente y alabar la madurez democrática de la voluntad general. A no ser que sólo se alabe la madurez de unos y no la de otros, en cuyo caso se estarían poniendo los cimientos de la división de la sociedad. Así pues, desde el inicio de la nueva legislatura, la obligación del perdedor es ejercer una labor que es tan importante como la de gobernar. A saber, ejercer la oposición y el control responsable de la acción del gobierno. Ahora bien, la oposición ha de hacerse procurando el bien común y no atendiendo a los intereses colectivos de un determinado partido, al resquemor hacia el adversario o, lo que sería aún más grave, a la ambición por el poder de determinados individuos. Naturalmente, el ejercicio de la labor de oposición requiere una actitud recta en la que la razón de Estado debe estar por encima de las pasiones y en la que las instituciones no sean utilizadas en la liza política. Aquéllos que no se conduzcan políticamente siguiendo estos principios estarán actuando irresponsablemente, contribuirán al debilitamiento de las instituciones democráticas, y traicionarán la confianza que la voluntad popular depositó en ellos.