Sentencia desmesurada

OTRO sobresalto. No ganamos para sorpresas. Ahora el golpe de mano policial ha sido contra Forum Filatélico. El asunto invita a la cautela, pero tiene mal tufo. Así que hoy entro en los dos temas que dejé aparcados en mi artículo de ayer: las elecciones en Caja España y la sentencia contra tres policías. Finalmente, anteayer se escenificó en San Marcos el apoyo prácticamente unánime a una candidatura de consenso encabezada por Santos Llamas. La solución ha sido, con respecto a los nubarrrones y guerrillas abiertas hace más de un mes, de pleno consenso. Los que cuentan -PSOE, PP, añadiendo la UPL, las dos patronales, Fele y CEL, y la institución cameral- han avalado sin fisuras a Llamas. Han quedado en la cuneta algunas voces discrepantes, absolutamente minoritarias, como las de Rodríguez de Francisco y las del Cesica. El grado de unanimidad alcanzado debe garantizar que se realizará un relevo nada traumático, un reconocimiento que ya se ha hecho a la labor de Victorino González Ochoa y, sobre todo, una estabilidad en Caja España, entidad a la que hay que dejar fuera de las peleas partidarias. Pero el comentario general y «leit motiv» de muchísimas conversaciones ha sido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a tres policías a penas de prisión e inhabilitación. Una sentencia que ya ha provocado la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Estoy en situación de afirmar categóricamente que la sentencia ha causado en el CNP consternación e indignación. Esos sentimientos son compartidos por muchísimos ciudadanos, que consideran el fallo como absurdo, desmesurado, ininteligible y directamente politizado. Ya es sospechoso que en un proceso, en el que el ministerio fiscal no pide penas, se apliquen éstas con el máximo rigor. A partir de esta sentencia sólo cabe preguntar si algunos jueces de Madrid prohiben investigar la comisión de delitos cuando sus presuntos autores son afiliados del PP. Esos mismos jueces de Madrid tendrán también que responder si no consideran delito injuriar y agredir a las autoridades. Los mismos jueces deberán respondernos: si es detencion ilegal citar a unos ciudadanos en comisaría para tomarles declaración, acompañados de su abogado, ¿cuántos delitos se cometen cada día en las comisarías de toda España?. Los mismos jueces también deberán aclarar si, a partir de ahora, la policía para interrogar o preguntar a afiliados del PP, lo tienen que pedir primero a Ángel Acebes, el peor ministro de Interior de la democracia. Esos mismos jueces también tendrán que aclarar si, según su doctrina, para citar a un sospechoso y no caer en la detención ilegal, la policía ha de actuar a través de la vía diplomática del Ministeio de Asuntos Exteriores. Y como éstas, podría hacer 500 interrogaciones más a los autores de la desdichada sentencia. Una sentencia que nos recuerda a la del «caso Naseiro», en la que el juez Manglano se topó con toda la trama de financiación ilegal del PP en la Valencia de Zaplana. Rosendo Naseiro y compañía fueron absueltos tras anular las pruebas. En cambio, el juez Manglano, que había cumplido con su obligación persiguiendo a unos delincuentes cogidos «in fraganti», fue casi linchado. Porque he trabajado en la Justicia, cada vez creo menos en ella. Ya no trago lo de «Dura lex, sed lex».