Un cáncer social

NO HAY mal que por bien no venga: el gravísimo escándalo de Marbella ha tenido la visible consecuencia de sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones acerca de la corrupción urbanística que se había convertido en un cáncer económico y social. La nueva Fiscalía especializada en asuntos urbanísticos realiza cabalmente su papel, y en los últimos días están en candelero los casos de Tres Cantos y de Ciempozuelos, que salpican respectivamente al PP y al PSOE, y que no son sino la punta del iceberg de una trama en la que hay blanqueo de dinero, tráfico de influencias, prevaricación... Es claro que se requiere un profundo cambio normativo que transfiera la competencia urbanística a las comunidades autónomas, y la ordenación del territorio a los órganos centrales del Estado.