Quinto año de vergüenza

En el quinto aniversario del inicio de las reclusiones en Guantánamo (Cuba) de prisioneros capturados por Estados Unidos en su «guerra contra el terror», el fin de esta lacra para los derechos humanos parece lejano. El gobierno norteamericano continúa sin acatar las normativas internacionales e ignora las peticiones de cierre de la prisión militar formuladas desde todos los rincones del mundo. Ante las exigencias del Comité contra la Tortura de la ONU para el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, sus relatores se encontraron con rechazo a las acusaciones, vaguedades y peculiares interpretaciones del concepto de derechos humanos. Declaraciones condescendientes, promesas incumplidas y ocultaciones constantes con las que el gobierno estadounidense maquilla la realidad de tortura vivida por sus agentes en la «guerra contra el terror», más allá del maltrato de baja intensidad aprobado por el secretario de defensa Donald Rumsfeld en el año 2003. El mismo secretario Rumsfeld que tras su dimisión es sujeto de una querella criminal ante instancias judiciales alemanas, formulada por varias asociaciones en base al Código de Crímenes contra la Ley Internacional, promulgado en Alemania al amparo del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002. Junto a la inacción de la comunidad internacional, declaraciones aparte, la hipocresía de la Unión Europea quedó en evidencia cuando durante la última cumbre bilateral celebrada en Viena el pasado verano no se aludió al uso de aeropuertos europeos por Estados Unidos en el traslado de detenidos. Unos días antes se formuló el compromiso de tratar el tema con el presidente Bush en ese momento y hacía semanas que los líderes europeos se llenaban la boca de derechos humanos y rechazo a Guantánamo y los excesos estadounidenses. El informe del investigador Dick Marty reveló que catorce países europeos habrían estado involucrados en mayor o menor grado en estos vuelos irregulares, lo que suscitó el rechazo inmediato de los gobiernos citados. En el caso español, nuestro ministro de Asuntos Exteriores mantuvo similar postura, aunque durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados no dio garantías respecto a ciertas escalas de abastecimiento de corta duración realizadas en las islas Canarias. Estos hechos están pendientes de investigación antes de un pronunciamiento definitivo por parte de la Comisión Europea. Las esperanzas abiertas el pasado junio tras la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la aplicación del artículo 3 común en los Convenios de Ginebra y rechazando las comisiones militares para juzgar a los prisioneros duraron poco. Tras el informe del Departamento de Defensa que reconocía el derecho de los presos a no sufrir violencia, pero sin contemplar su derecho a garantías judiciales mínimas también incluido en el artículo 3, el presidente Bush obtuvo del Congreso una nueva Ley de Comisiones Militares que continúa violando los estándares internacionales sobre juicios justos. El informe sólo ampara a los cautivos bajo custodia de las fuerzas armadas por lo que la situación de aquellos en manos de la CIA no habría cambiado. Cientos de personas afrontan procesos judiciales que violan ampliamente la normativa internacional, mientras se calcula que sólo hay pruebas suficientes para condenar a un 10% de los presos de la prisión cubana. Es elocuente que el presidente de Pakistán admita haber detenido en su país a 600 personas y entregado 369 a Estados Unidos a cambio de millones de dólares y se estima que el 95% de los recluidos en Guantánamo fueron comprados en subasta por soldados estadounidenses en ese país, a un mínimo de 5000 dólares. El cumplimiento de los Convenios de Ginebra debería mejorar las condiciones de reclusión. En junio se produjeron los tres primeros suicidios y otros 26 prisioneros habrían fracasado en 41 intentos durante los últimos cuatro años. Como muestra de las consecuencias del tipo de reclusión que se sufre en Guantánamo, un 10% de los internos padece trastornos mentales graves. La alimentación forzada en las huelgas de hambre causó graves lesiones a los huelguistas y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que su empleo equivale a un acto de tortura. Sobre la participación médica en casos de tortura, es de destacar que hace siete meses la Asociación Médica Mundial revisó su Declaración de Tokio sobre la cuestión, prohibiendo de forma expresa la colaboración de médicos en los interrogatorios. Las particulares definiciones de las autoridades estadounidenses sobre lo que es trato humano y no degradante contradicen los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho internacional consuetudinario. Amnistía Internacional considera que Guantánamo debe desaparecer como símbolo de la barbarie en la lucha contra el terrorismo, pero no sin una solución previa para el destino de los prisioneros, lo que incluye al resto de detenidos en cárceles administradas por Estados Unidos en todo el mundo. No es aceptable que se cumpla el quinto aniversario de esta vergüenza sin que se haya acusado formalmente y procesado a estas personas de acuerdo con las leyes internacionales en su día aceptadas por el gobierno del presidente Bush. De acuerdo con ellas, es necesaria una investigación independiente y exhaustiva que ponga fin a la impunidad y haga rendir cuentas a los responsables cualquiera que sea su nivel en la cadena de mando, con garantías de un adecuado resarcimiento para las víctimas. Los ciudadanos norteamericanos deben detener esta diaria traición para los principios de justicia, dignidad, verdad y libertad consagrados en su país desde siempre, sin dejar de lado su inalienable derecho a obtener reparación para sus propias víctimas a manos de la locura terrorista.