La insaciable máquina de legislar

EN España rige la regla de la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, no obstante el sector público ostenta un papel decisivo en el juego económico, ya que las diferentes administraciones públicas gestionan más del 40% del PIB. Sus decisiones afectan a la capacidad de actuación de los agentes económicos. Antes de participar en una partida de parchís es necesario que todos los jugadores conozcan las reglas del juego de manera inequívoca; de poco nos sirve que todos los jugadores afirmen con rotundidad que han cursado un master de mil quinientas horas sobre las reglas del parchís si una vez llegado el momento de comerse una ficha unos cuentan 10 y otros 20 esgrimiendo que consuetudinariamente en sus respectivas casas, así se ha hecho desde antaño. Esta misma situación ocurre en la economía actual. De este modo la proliferación de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas... hacen que las reglas del juego cambien de manera notable dependiendo del marco territorial en el que nos desenvolvamos. No obstante, un agente económico cualquiera puede estar sometido a normas emanadas de las instituciones europeas, administración central, regulaciones autonómicas, ordenanzas municipales e incluso a normativas sectoriales; y no sólo eso, sino que dentro del mismo territorio nos encontramos con un número tan importante de normas reguladoras, (prevención de riesgos, protección de datos, ambientales...) que el conocimiento y cumplimiento de éstas se hace realmente complicado, más grave es la situación si observamos la celeridad con las que las mismas varían. La actividad económica demanda un marco normativo sólido y estable; en defecto de éste, los agentes económicos se encuentran perdidos sin saber a qué normas atenerse, lo que hace peligrar las decisiones de inversión de las empresas en esos territorios. Contra más enmarañada y compleja es la misma más se incrementan los costes de permanencia en el mercado, restando eficiencia al tejido productivo y generando distorsiones en los mercados. En la actualidad el marco normativo en que nos desenvolvemos no es sencillo y los últimos movimientos por parte del gobierno nos indican que éste va a crecer en volumen y complejidad, lo que como antes mencionábamos hará aumentar los costes de cumplimiento de los agentes que operan en nuestro país. Ya no sólo hablamos de los costes para las empresas, sino de que estos costes los soporta del mismo modo la propia administración, la cual sufre la idéntica ineficacia que se produce al tener un número de normas tan elevado y cambiante. No hace falta que se ponga de manifiesto en este momento quienes son los agentes que hacen frente a dicho gasto público. El complicado entramado de normas afecta al mismo sistema judicial, no pudiendo adecuarse al devenir del incesante alumbramiento normativo. Este hecho, además, produce que la interpretación de las normas no sea unánime, favoreciendo un aumento en el número de litigios en los que las partes esgrimirán las diferentes normas para defender sus posturas, incrementándose a su vez el número de intervenciones judiciales para intentar aclarar cuál es la correcta aplicación de ese entramado legal. Ralentizándose aún más la generación de sentencias, que en el momento de su aplicación por el transcurso del tiempo pueden ser totalmente ineficaces. Si tenemos en cuenta que, como aprendimos en nuestras primeras clases de economía, el beneficio proviene de la diferencia entre ingresos y gastos, a poco que atendiésemos en esas clases magistrales, nos daremos cuenta de que la complejidad del marco normativo hace que esos gastos se incrementen de manera importante, lo que redunda en unos precios más altos y en una pérdida innegable de competitividad de las empresas que operan dentro de nuestras fronteras. Como dato, el gasto medio de cumplimiento normativo empresarial alcanzó el 5,6% del PIB total mientras que la media europea apenas si llega al 3%. La solución a esta situación debe llegar antes de que los efectos que atenazan el crecimiento de la inversión hagan que ésta se dirija de manera inevitable hacia territorios que cuenten con un marco normativo más sencillo y previsible. Por ello, la voluntad política debe ser consciente de la necesidad de los agentes productivos de tener un mínimo de estabilidad en la regulación de sus correspondientes sectores, objetivo este, que se conseguiría legislando a medio o largo plazo. Es por todos conocido, que la política se mueve por presiones de los potenciales votantes, por lo que es necesario que desde la sociedad y principalmente desde los sectores productivos se exteriorice la necesidad de realizar una simplificación normativa. Debe incluirse dentro de las premisas a tener en cuenta antes de la promulgación de una norma sea cual sea su rango, el coste de la sujección de los diferentes agentes a esa norma, tanto costes directos como indirectos, intentando que la carga del cumplimiento de la norma sea mínima. Pero es el conjunto de la sociedad el que debe concienciarse de la pérdida de competitividad que el entramado normativo produce en la totalidad de los sectores, pérdida que de modo innegable pagamos todos, tanto empresarios como particulares que observan cómo las multinacionales buscan territorios más despejados para echar raíces y crear riqueza.