Tiempos electorales... tiempos de rebajas

UN FORO electoral del Partido Popular en la ciudad de Burgos ha sido el escenario elegido por Juan Vicente Herrera para anunciar las segundas rebajas: una combinación de beneficios fiscales que van desde la supresión del Impuesto de Donaciones hasta deducciones por nacimientos y adopciones y por acceso a la vivienda en propiedad. También ha sido el sitio elegido por el Gobierno Regional para reafirmar los tres ejes que conforman una política tributaria regresiva, incompatible con un modelo social avanzado: rebajas fiscales en favor de las rentas altas, negativa a crear impuestos propios (autonómicos) y disminución generalizada de la presión fiscal sobre los impuestos cedidos (gobierno central). Esta batería de rebajas viene a complementar la sentencia de muerte del Impuesto de Sucesiones anunciada y ejecutada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en septiembre pasado. Con esta decisión se privaba al presupuesto regional de unos 144 millones de euros, en un momento en el que se reducen los ingresos procedentes de los fondos de convergencia europea. Esto se produce en un presupuesto en el que los impuestos directos apenas alcanzan el 12% del total y donde las transferencias corrientes aportan casi la mitad del total de los ingresos. Todo esto en una Comunidad cuyo gobierno considera un acierto no haber creado ningún impuesto propio, no interesándose, por ejemplo, en la creación de tributos que graven actividades que inciden sobre el medio ambiente o sobre grandes establecimientos comerciales. Ante este panorama, desde CC.OO.. Castilla y León nos preguntamos por qué nuestro territorio tiene que estar siempre a la vanguardia de las posiciones neoliberales más ortodoxas en una materia que afecta de forma incuestionable a la distribución del ingreso entre asalariados y perceptores de beneficios y rentas del capital. La respuesta a este interrogante tiene, a nuestro entender, una base eminentemente ideológica. Cuando el propio presidente de la Junta de Castilla y León argumenta que estas medidas se dirigen a «mejorar la competitividad de la economía», presupone que dicha mejora se consigue vía rebajas de impuestos. Se trata de una posición que no compartimos en sintonía con una extensa parte de la literatura en la materia. No nos olvidemos que estas reducciones de impuestos favorecen a los sectores más adinerados, quienes dedican una parte menor de sus ingresos al consumo y, por tanto, esta política reduce su impacto sobre el crecimiento económico. Esta es una posición compartida hasta por un semanario liberal como The Economist , el cual afirmaba en un editorial del 27 de octubre de 2001 que «... una primera lección que los gobiernos deberían aprender es que el gasto público tiene un impacto estimulador mucho mayor que la reducción de impuestos. El Banco Federal Estadounidense (Federal Reserve Bank) ha calculado que un incremento del gasto público de un dólar para producir bienes y servicios estimula tres veces más el PIB al cabo de un año que un dólar obtenido mediante un recorte de impuestos». Unas políticas económicas que promueven la competitividad a costa de beneficiar fiscalmente a aquellos que se ubican en los niveles de rentas más altas profundiza la regresividad del sistema fiscal, incrementa el déficit social y, por tanto, compromete la cohesión social. La regresividad fiscal genera regresividad social; de ahí la importancia del efecto global que genera la política fiscal de un gobierno, teniendo en cuenta que esta política da por resultado lo que en economía se conoce como la distribución secundaria de la renta y, por tanto, sienta las bases del modelo social. Así, un modelo económico que redistribuye regresivamente ingresos beneficiando a quienes tienen los mayores niveles de renta afecta a las políticas de igualdad y solidaridad redistributiva en un doble sentido. En primer lugar, porque al promover rebajas fiscales eliminando impuestos directos, como es el caso del de Sucesiones y Donaciones, se beneficia fundamentalmente a los sectores de mayores ingresos de la sociedad en relación a los de rentas medias y bajas. En segundo lugar, porque al llevar a cabo estas políticas de rebajas fiscales se ataca el otro gran pilar de una política fiscal progresiva: la suficiencia tributaria. La pérdida de ingresos públicos derivada de las rebajas fiscales tiene como contrapartida la natural desfinanciación del sector público. Esto significa degradación de los bienes y servicios públicos que gestiona la Comunidad y la postergación o imposibilidad de realizar inversiones fundamentales para promover la igualdad social en materias como educación, sanidad, cultura, servicios sociales e infraestructuras públicas en general. Además, estas carreras de rebajas dan rienda suelta a la demagogia política. Esto ocurre cuando se anuncian deducciones tributarias en temas tan sensibles como el acceso en propiedad a la vivienda, pero no se promueve la oferta de viviendas en alquiler o bien no se deriva el gasto fiscal por dichas desgravaciones hacia gasto directo en materia de promoción pública de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Sin estas medidas, las deducciones fiscales por sí mismas contribuyen a seguir sosteniendo un modelo de especulación inmobiliaria que hace cada vez más lejano el acceso de los sectores populares a su primera vivienda, aunque se les pretenda compensar con reducciones en los impuestos añadidos a las adquisiciones inmobiliarias. En el modelo social avanzado que propugna CC.OO., el sector público juega un papel fundamental en el impulso del crecimiento y de la producción. Las políticas de gasto público son determinantes para la corrección de la distribución primaria de los ingresos entre trabajo y capital, siempre favorable a quienes tienen una mejor situación patrimonial. Además, es una función privativa del Estado contribuir a la planificación y financiación de los bienes y servicios públicos. Cuando éste deja de cumplir esta función, el mercado, o bien no toma el relevo -dado que no cuenta con incentivos-, o bien lo hace a cuenta de un sobrecoste social, económico y ecológico que redunda en un grave perjuicio para la sociedad en su conjunto. Así, un modelo económico que promueve una reducción de ingresos públicos, vía beneficios fiscales-gastos fiscales que para el presupuesto regional de 2007 se estiman en 1.860 millones de euros, no es coherente con una política de desarrollo económico con equidad, encaminada a lograr la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y la sostenibilidad medioambiental. Desde CC.OO. consideramos que esta política fiscal del Gobierno Regional profundiza en los elementos más regresivos de nuestro sistema fiscal, dando lugar a una distribución final de la renta donde los asalariados más precarios, con niveles de ingresos más bajos, acaban siendo los más perjudicados.