El Estado y los incendios

CON los incendios ha vuelto a suscitarse la vieja e irresuelta polémica: ¿hemos atinado al diseñar la estructura del Estado? ¿Tiene sentido que la competencia sobre las grandes catástrofes -la llamada protección civil- sea autonómica? ¿Es razonable que, con argumentos en apariencia sólidos desde el punto de vista jurídico, el País Vasco y Cataluña hayan rechazado la hipotética «intromisión» de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada de buena fe para involucrar al Ejército en los problemas de la sociedad civil? En tanto ha habido oportunidad de corregir los errores cometidos de arriba abajo, no hay modo de devolver al Estado competencias que nunca debió haber abandonado. La sociedad debería plantarse ante el sectarismo de algunos de sus líderes en estas delicadas materias.