Innovar

AÑO tras año, y ya pasan de la docena, se van acumulando los datos que permiten hablar de una senda virtuosa de la economía española. Los indicadores macroeconómicos provocan envidias y un cierto asombro fuera de nuestras fronteras. Por eso resulta llamativo que la cara oculta de ese modelo de éxito se muestre también muy persistente: si en un buen número de indicadores importantes estamos a la cabeza de la Unión Europea, y aún de la OCDE, en otros no conseguimos salir del furgón de cola. Desgraciadamente, entre estos últimos figura casi todo lo que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología. Nos lo acaba de recordar un informe recién publicado por la OCDE: «I+D e innovación en España: mejorando los instrumentos». En 2005, España dedicaba a investigación y desarrollo, en términos de PIB, exactamente la mitad del promedio de la OCDE; el propio informe constata, sin embargo, la mejoría reciente, mereciendo elogios algunos programas en marcha, como el Ingenio 2010. Es de suponer, en ese sentido, que la dotación presupuestaria creciente en esta materia producirá resultados, con algún retraso, pero los producirá. Hay sin embargo dos aspectos del problema que hasta hoy la opinión pública no ha considerado en toda su importancia. El primero es que lo precario del esfuerzo innovador está mucho más en las empresas que en el sector público. En un momento en que festejamos el éxito de Yondelis, no sobrará recordar que la porción de empresas españolas que innovan está muy por debajo de la media europea, como demuestra, por ejemplo, el escaso número de patentes solicitadas ante la Oficina de la UE (la décima parte, por millón de habitantes, del promedio de la UE-25). Aquí radica la causa principal del mal comportamiento crónico de nuestra productividad y competitividad a largo plazo. Pero no todo es cuestión de dinero. Las políticas de I+D en España adolecen también de graves problemas de organización, que científicos y tecnólogos conocen bien: elevado burocratismo, pobres bases informativas para la evaluación, transparencia mejorable, pero sobre todo, una auténtica maraña de órganos competentes en su diseño y gestión. La concepción, digamos, poco práctica de algunos aspectos de nuestro proceso de descentralización, ha llevado a que en estos asuntos se registre, más que una colaboración efectiva, una competencia aguda entre las administraciones central y autonómica, con la consiguiente duplicación de esfuerzos y, peor aún, el desconcierto de investigadores y empresas. Mejorar la coordinación entre administraciones es, pues, junto al impulso inversor, la gran prioridad de una política que, más allá de la retórica, no admite ya demoras.