Diagnóstico

ANALISTAS de varias universidades han llegado a la conclusión siguiente: la democracia no ha sido capaz de mejorar la moral pública, más bien ha contribuido, aunque se trate de silenciar, a la degeneración. Todos reivindican el derecho a hablar y hablar de democracia y a presentarse como demócratas, pero, la mayoría de las veces, faltan a la verdad cuando hablan. El lenguaje público se tambalea. Cuando hablan dos ex presidentes del Gobierno -ya saben quiénes son- el discurso se repite, parece que es el eco de otro discurso que ha sido dicho y que se repite por los sucesores. Hace pocos días Pascual Maragall, también ex presidente, nos recordó que «la mentira es de curso legal en política». La palabra pública se tambalea, pero los hechos interesados no. La cuestión es que la carencia de moral pública permite cosas indignantes. Por ejemplo, ¿se puede aceptar que Aznar, con sueldo y honores de ex presidente del Gobierno, obtenga, a cambio de influir, grandes beneficios en empresas de magnates con negocios financieros e inmobiliarios? Además, es presidente del PP, que también financiamos todos. Y en esta línea, aunque creo que con menos ambiciones, también podemos incluir a Felipe González. Evidentemente, con una sociedad civil activa y saneada moralmente, estos dos personajes no podrían hacer lo que hacen. En caso de optar por intervenir como mediadores en grandes negocios, se les quitaría el sueldo y los honres de ex presidente. Conductas así ponen en cuestión la moral pública y la confianza en los políticos. No sólo la moral y la ética pública están enfermas, la sociedad civil, obviamente, no puede estar bien. Es lógico, cuando los actores públicos mienten y dan ejemplos lamentables, pues los ciudadanos se miran al mismo espejo. ¡Hasta los obispos faltan a la verdad cuando atacan, por intereses, la política del Gobierno!. Las consecuencias no pueden ser más negativas, pues nos hemos desplazado del lugar del respeto al lugar de las ambiciones sin límite. Cuando uno lee en la Constitución ( articulo 41) que» los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna...» y constata que la gran mayoría no puede ir de vacaciones o sólo puede ir siete días, mientras otros disfrutan dos meses en palacios y barcos de lujo, pues uno se da cuenta que eso es tener mucha cara y faltar al respeto de la mayoría de los ciudadanos; cuando uno lee (artÍculo 47) que « todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos facilitaran las condiciones para garantizar ese derecho, y que impedirán la especulación, inmediatamente deduce que lo que dice la Constitución no lo respetan. Urge poner límite a la diferencia de clases. ¡Vemos imágenes y sufrimos hechos que nos humillan!.