Debate republicano

LOS PEQUEÑOS partidos republicanos, quizá temerosos de que se agrave su irrelevancia, han emprendido desde hace tiempo una insidiosa pero legítima campaña de acoso y mortificación de la Corona, como si la forma de Estado -la opción monárquica que hizo nuestra Constitución, fruto de un abrumador consenso- fuera ahora la cuestión más relevante. Ante estos movimientos, ciertamente minoritarios y, en alguna medida, marginales, con bien escaso respaldo de los medios de comunicación ni eco en la opinión pública, la Corona ha movido pieza: el pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1106/2007 de 24 de agosto, de la Jefatura del Estado, por el que se nombra interventor de la Casa de S.M. el Rey a don Óscar Moreno Gil. Como era imaginable, las reacciones ante esta iniciativa regia abocada a una mayor transparencia han sido diversas. Curiosamente, quienes más enfáticamente y con más inquina reclamaban medidas de esta naturaleza se han jactado del imaginario efecto de su presión y han considerado insuficiente el gesto; para ERC, cuyo portavoz cree que «el verdadero agujero negro de esta democracia es el funcionamiento de la monarquía», ahora haría falta que la Casa Real también pague impuestos. Por el contrario, los actores políticos principales y los medios más solventes han aplaudido la medida que «refuerza la plenitud del Estado de Derecho y es totalmente acorde con la configuración de la Casa del Rey en nuestro derecho público». Al igual que ocurre en todas las administraciones públicas -sigue diciendo un editorial de Abc -, la existencia de la Intervención supone la máxima garantía del control interno de ingresos y gastos y, de cara al exterior, subraya el deseo de la Corona de actuar con absoluta transparencia». La propia Casa del Rey ha manifestado tras dichas reacciones que el decreto refleja simplemente una «decisión burocrática de carácter interno». Con independencia del sentido administrativo de la decisión, es patente que el Rey ha querido dar mayor transparencia a su engarce institucional, que es por lo demás semejante al de las restantes monarquías constitucionales. Como se ha recordado, existe en el Reino Unido una Royal List que resume las grandes cifras de los ingresos y gastos de la Corona, que en dicho país posee además grandes propiedades (lo que no es el caso en España). De cualquier forma, es manifiesto que los constituyentes españoles otorgaron expresamente a la Corona un margen amplio de autonomía -«El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma», reza el art. 65.1 C.E.) y que la partida que consume la Institución -unos nueve millones de euros anuales- es una cantidad ridícula en comparación con los presupuestos de la Presidencia de la República en cualquier democracia de nuestro entorno. Resulta, en fin, pueril intentar atizar el debate republicano por el procedimiento de hostigar a la Corona por los dineros que recibe del erario público, cuya relación coste/beneficio es sin duda bajísima. Ello no significa, obviamente, que la Corona tenga que estar al margen de los grandes debates, ni que quizá fuera pertinente -por razones pedagógicas fácilmente inteligibles- que en algún momento decidiera pagar impuestos como cualquier persona física o jurídica. Sin embargo, es pueril pretender una completa