La disputa nacional

MUCHOS PAÍSES de nuestra órbita occidental y con un dilatado desarrollo democrático tienen también, como España, problemas de identidad. El caso de Bélgica, sumida estos días en una profunda crisis por la confrontación entre flamencos y valones, es paradigmático, pero también otros regímenes comunitarios como el del Reino Unido están internamente en conflicto y en evolución. Aquí, en España, el largo paréntesis franquista no sólo no aplacó la efervescencia nacionalista de la periferia, las tensiones centrífugas de catalanes y vascos que tanto debilitaron a la Segunda República, sino que condujo el problema hacia derroteros que lo han complicado extraordinariamente. Porque hoy, veinticinco años después de consumada la Transición (que para muchos observadores concluyó cuando la izquierda llegó por primera vez al poder), reaparecen los conflictos con una crudeza que ni siquiera imaginábamos cuando entre todos suscribimos el gran pacto constitucional. Aquella obra de la Transición fue, en cierto sentido, fruto mestizo de la inteligencia y del miedo. Si de un lado aplicamos a aquel portento toda nuestra capacidad de intelección y raciocinio, de otro lado el proceso se nutrió de la consternación que aún sentíamos por la gran tragedia de la guerra civil, que había de ser el constante referente en negativo, el retazo de historia que nunca había de volver a repetirse. Un cuarto de siglo después, y a pesar de que los asesinos excéntricos de ETA siguen golpeando obstinadamente sobre todos nosotros sin la menor posibilidad de vencernos, ha cundido la convicción de que ya no hay peligro de regresar a la incivilidad de la guerra interior. Y ésta es probablemente la razón, que habría de revisarse, de que en los últimos tiempos se haya elevado peligrosamente en tono de la disputa nacional, que ha adquirido una acritud y una belicosidad que no puede ser buena y que debería cernirse cuanto antes en el harnero de la sensatez. Es manifiesto, en fin, que hoy estamos padeciendo una inflamación de las pústulas nacionalistas mucho más grave que se sorteó con la Constitución del 78 e incluso superior a la que se produjo cuando el Parlamento español rechazó, con toda normalidad, el plan Ibarretxe por causas tanto políticas como técnicas, sin que se escucharan entonces vociferaciones como las que estos días llegan cotidianamente a Madrid desde Barcelona a través de los medios de comunicación. En estas circunstancias, parece lógico efectuar un llamado a la cordura, que no debería representar el cese de las controversias sino un descenso del tono airado que se utiliza para mantenerlas. Porque, contra lo que pudiera parecer, la discusión democrática, aun entre interlocutores incapaces de ponerse de acuerdo en los grandes dilemas (como suele ocurrir en los conflictos territoriales, en los que ciertamente no hay soluciones intermedias), no es en sí misma amenazadora de la convivencia. Lo que puede producir rupturas irreparables es el talante demasiado encendido, la vehemencia incontrolada e irracional que genera enemistades insuperables. Dicho en otros términos, mientras la secular disputa entre Madrid y Barcelona se mantuvo en el tono en que la sostuvo el Pujol-gobernante, no peligró en España nada trascendente por esta causa. Ahora que ha tomado el testigo reivindicativo una nueva generación, que ha arrastrado al jubilado Pujol hacia una deriva extremista, todas las quiebras se han mostrado súbitamente posibles. Conviene, en fin, una reconsideración general del régimen que nos devuelva a todos los interlocutores, políticos y mediáticos, al más flemático y desapasionado territorio del relativismo y del posibilismo. A fin de cuentas, el logro de fórmulas de convivencia que proporcionen prosperidad y bienestar es mucho más importante para el cuerpo social que la rigidez de las fronteras, la medida de los autogobiernos o el nombre y la filiación de los propios gobernantes.