Valladolidependencia

El término que encabeza estas líneas bien podría aplicarse a diversos sectores del mundo laboral de nuestra comunidad, fundamentalmente en el ámbito de las administraciones públicas. Tiene que ver con el centralismo autonómico, con el afán cada vez mayor de la administración regional por controlar a los administrados maniatando a los intermediarios provinciales. Me voy a referir, en este caso, a las escasas competencias en materia educativa que se gestionan en nuestra provincia. Sobre todo en lo referido a la enseñanza no universitaria. Y, por delimitar aún más el asunto, a las competencias de las direcciones provinciales de educación. Recientemente, las organizaciones que representamos al profesorado de centros públicos de enseñanza no universitaria hemos manifestado públicamente nuestro rechazo a los recortes de derechos sindicales que considerábamos ya consolidados: el derecho a la información y el derecho a la negociación en nuestro ámbito provincial. Y hemos tenido que recurrir a la fuerza de la movilización, además, para no perder espacios en los que veníamos reuniéndonos desde hace muchos años. Es un hecho puntual, pero también indicativo de lo que está sucediendo en otras provincias con iguales o parecidos males. Lo cual nos lleva a pensar que las actuaciones de las distintas entidades educativas provinciales están siendo sistemáticamente orquestadas desde la Consejería con el fin de recortar derechos ya adquiridos en el tiempo, como es el caso de las reuniones de las comisiones mixtas de mediación (entre sindicatos y administración). El nuevo equipo de la Consejería de Educación, sin duda «sobrado» de forma, está llevando a cabo programas de innovación educativa sin contar para nada con los representantes de los docentes (bilingüismo, éxito escolar, formación¿). Prueba de la dependencia referida es que la propia Dirección Provincial sólo cuenta en los planes de Valladolid para ejecutarlos. Y nosotros, los sindicatos, aún menos: nos enteramos por la prensa de los centros que ya están inmersos en los programas; y ni por la prensa siquiera de los recursos humanos destinados a estos programas (por poner dos ejemplos recientes). Se ha hurtado el debate sobre la conveniencia de estas medidas, sin haber agotado las que se pueden establecer dentro del horario lectivo -en el caso del éxito escolar-; y además se ha hecho de repente, con el curso a medias y sin que haya habido un periodo necesario de formación a quienes lo imparten. De igual manera, asistimos a la generalización apresurada de los centros bilingües, sin que se conozca hasta qué punto la Administración invertirá los recursos humanos y materiales que avancen en una medida eficiente, dejándolo a la buena voluntad del profesorado una vez más. En definitiva, se transmite una sensación de improvisación urgente (curiosamente coincidente en el tiempo con las elecciones generales) que debería haberse consensuado más, y a la que sobre la marcha se le van poniendo parches. Pero lo que más desespera a cuantos tratamos de contribuir a la eficiencia del sistema educativo en nuestra provincia es esa coletilla insoportable de «eso depende de Valladolid»: Así, con esta frase mágica que hace desaparecer cualquier atisbo de responsabilidad en quien la pronuncia, se da carpetazo a múltiples asuntos de cada día. Desde las sustituciones de personal hasta las dotaciones presupuestarias, pasando por la escolarización, los datos de plantillas, el cupo, las comisiones por razón del servicio, el pago del kilometraje al profesorado que itinera, y un largo etcétera. Asuntos del día a día que en muchos casos inciden directamente en la calidad de las condiciones laborales de los docentes y del personal laboral de educación. Por todo ello reclamamos desde estas líneas lo que legítimamente nos corresponde, en cuanto a la información necesaria para realizar nuestro trabajo; y también la recuperación de la negociación de los problemas de cada día, los que ocurren en nuestra provincia. Esperamos, por tanto, que los acuerdos alcanzados en cuanto a una relación más fluida entre la administración y los representantes de los trabajadores y trabajadoras se respeten y sirvan para mejorarnos a todos.