Castilla y León, una necesidad política

EL HABER tenido el privilegio de participar en el debate constitucional, me permitió percibir que el Estado de las Autonomías fue diseñado para dar respuesta a un problema histórico de nuestro país. Y la reflexión inmediata fue que nuestra tierra, Castilla y León, no podía quedarse a un lado, como en tantas ocasiones en la historia de España. Es más, estaba convencido de que la aportación de Castilla y León debería contribuir como referente de respeto y equilibrio entre los distintos y legítimos intereses de otras Regiones o nacionalidades. Pues si alguien entre las Comunidades podía presentar títulos de «histórica» esta era -y es- Castilla y León. A partir de la Constitución, el Estatuto es para Castilla y León la forma jurídica de organizar el poder institucional en la etapa moderna en la que nos toca vivir. Hemos construido una estructura descentralizada del poder político que representa un cambio importantísimo en la tradición secular del centralismo español. El arranque de nuestra región como Comunidad Autónoma fue un acontecimiento vivo, también controvertido donde crecieron y se desarrollaron ambiciones, fomentaron mayores capacidades y se responsabilizaron de cada vez más decisiones arraigadas en la sociedad castellana y leonesa. Una de las razones que me ayudaron a comprometerme en la construcción de Castilla y León, además de por lo novedoso y un tanto revolucionario del asunto, porque, desde luego, conllevaba una beneficiosa distribución del poder político del Estado. Pensé -y pienso- que las responsabilidades de Gobierno son tan repartidas y transversales que gracias a ello será imposible una nueva confrontación entre los españoles, una nueva dictadura. Es decir, el Estado de la Autonomías contribuye a mantener la Paz. Y en el caso de Castilla y León, a recuperar la memoria histórica. Independientemente de que, de manera circunstancial y por razones de estrategia se puedan manifestar posiciones insolidarias. En el plano teórico e incluso reivindicativo se podrá aceptar cualquier solución política, siempre y cuando, naturalmente no afecte a la unidad de España. Desde el principio había entendido mi trabajo, como una actuación política y no de mero gestor. Ya cuando dimití como diputado para presentarme como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, con el riesgo de no ser elegido, había interiorizado que el esfuerzo merecía la pena, pues suponía contribuir a que nuestra Comunidad avanzara posiciones y recuperara su retraso y su ensimismamiento histórico. Y es que las capacidades y competencias de autogobierno adquieren un carácter potencialmente político cuando se canalizan como beneficio del Común. Tan política era la «apuesta» que desde los primeros tiempos nos enfrentamos con grandes desafíos y conflictos generados por quienes se oponían frontalmente a la constitución de Castilla y León. Nada menos que cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos desde dentro, a los que tuvimos que hacer frente satisfactoriamente, tal y como fueron resueltos por el Tribunal Constitucional. Como no todo el desarrollo de puesta en marcha del Gobierno y su organización territorial resultó tan pacífico en Castilla y León, nos vimos precisados a realizar un esfuerzo superior para afrontar las dificultades y en muchos casos, solventar la escasa colaboración de personas e instituciones de la propia Comunidad. En algunas ocasiones también del propio Gobierno Central y en otras, de las mismas instituciones locales (ayuntamientos y diputaciones). Y es que la creación de las comunidades autónomas despertó muchos recelos, quizá por la pérdida de protagonismo con la aparición de instituciones con capacidad no sólo administrativa, también política y legislativa. Frente a dificultades tan importantes, nuestra posición fue la comprensión y la mano tendida. El mayor esfuerzo del primer Gobierno estuvo destinado a la pedagogía, es decir, a explicar a los castellanos y leoneses cual era la nueva realidad y las nuevas oportunidades que se abrían en el horizonte de Castilla y León. Y es que la construcción de un proyecto de unidad, es también el respeto a la identidad de sus territorios. Por eso nos opusimos a poner una frontera en medio de un rastrojo. Nunca, como desde la Constitución de 1978, habíamos superado desencuentros y distanciamientos que habían tenido lugar en la historia de España. Para Castilla y León, la autonomía representaba una oportunidad de carácter político, necesaria, pues significaba enfrentarnos a nuestras propias carencias. Nunca como en ese momento podíamos gobernarnos, es decir, asumir competencias y algunas exclusivas. Sentíamos la urgente necesidad de encontrar y comprometer a todos los ciudadanos, sobre todo a quienes más capacidad, credibilidad y competencia pudieran ejercer en el conjunto de la ciudadanía. Nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a los medios de comunicación, líderes sociales y sindicales, las universidades y centros de enseñanza, empresarios y deportistas, jóvenes emprendedores, etc. Nuestra dedicación, recorriendo todas las comarcas, fue prioritaria. Yo mismo dedicaba un día a la semana a recibir a personas, grupos, alcaldes, empresarios, colegios, asociaciones de todo tipo, con el objetivo de comprometerlos y, si fuera posible, hacerlos cómplices para convertirlos «en uno de los nuestros» en la tarea de construir Castilla y León. Esta forma de actuar, confirmó la idea que siempre había mantenido, de que las convicciones, culturales, sociales y poblacionales de Castilla y León exigían un máximo esfuerzo de apoyos técnicos e información; pero que también hacía insustituible la «artesanía política» aplicando las manos y las vísceras para transmitir no sólo las ideas, sino también los sentimientos.