Degradación municipal

YA QUE un repaso exhaustivo a los sucesivos episodios de corrupción municipal requeriría centenares de folios, demos al menos un vistazo alrededor. Como era fácilmente imaginable, la fiscalía anticorrupción ha terminado -dos años después de las primeras denuncias- encontrando indicios altamente sospechosos en la macrourbanización de El Pocero en Seseña, Toledo, justo en el límite de la provincia de Madrid. Aquel engendro surrealista de más de 13.000 viviendas en medio del páramo manchego, obra de un megalómano multimillonario, que vulneró todas las condiciones urbanísticas vigentes y se convirtió en un hecho consumado ante la sospechosa pasividad de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sólo fue posible por el procedimiento de llenar los bolsillos de un alcalde venal que recibió donativos injustificables e injustificados y que ahora exhibe, el incauto, la fotocopia de unos cupones de la Once supuestamente premiados. El alcalde, corrompido, ya está procesado. Y no se entiende que el mismo fiscal no haya hecho lo propio con el corruptor, que está bien a la vista. La prensa de ayer informaba de que acaba de ser detenido el alcalde y la primera teniente de alcalde de Benitatxell, localidad en el norte del litoral alicantino, por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la recalificación de terrenos. Hace apenas unos días, en Denia, una potente urbe mediterránea también alicantina, un concejal socialista tránsfuga se cambiaba de bando y el alcalde del PSOE era sustituido por otro del PP; tras este escándalo está la construcción de 20.000 viviendas, paralizadas por el nuevo equipo municipal, ahora defenestrado en una operación que, por simple sentido común, no puede ser del todo limpia. Y también la prensa de ayer hacÍa recuento cuantitativo de lo sucedido en Marbella: entre 2002 y abril de 2006, período en que fueron sucesivamente alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, el botín sustraído de las arcas públicas superó los 253 millones de euros, unos 42.000 millones de las antiguas pesetas. El déficit municipal asciende, en fin, a unos 335 millones de euros, lo que representa un desequilibrio de 2.700 euros por habitante. Ni los secretarios de los ayuntamientos -un venerable cuerpo que conoce al dedillo el deve nir de su administración-, ni los arquitectos municipales -que han de conocer a la perfección de las normas y sus límites-, ni la intervención general del Estado, ni la Agencia Tributaria -que tiene acceso a los bienes patrimoniales de los ciudadanos- ejercen en la práctica control alguno sobre la corrupción, que incomprensiblemente sigue gozando de bastante prestigio en este país. Esta situación no es sostenible. Primero, porque se difunde la imagen de una democracia bananera e inescrupulosa, en la que los grandes valores no están asentados.Después, porque se producen injusticias flagrantes: el bien común y el patrimonio colectivo están en juego. Finalmente, porque los desmanes urbanísticos tienen, a posteriori, muy difícil arreglo: no siempre es fácil ni recomendable destruir edificaciones ilegales, que ya están en manos de ciudadanos honrados ajenos a la picaresca. Conviene, en fin, que se analice cumplidamente el fenómeno de la corrupción municipal con todo cuidado en el Parlamento, con el auxilio de expertos en las diversas materias, al estilo de las comisiones regias británicas, para obtener una batería de conclusiones operativas que sean rápidamente implementadas y que nos liberen esta ominosa epidemia.