Abocados al bipartidismo

LA ENÉSIMA crisis de la Unión del Pueblo Leonés va a tener en el ámbito de la comunidad autónoma una repercusión que no tuvo ninguno de sus anteriores conflictos internos. Salvo el improbable caso de que Joaquín Otero renuncie a su acta de procurador, la suspensión de militancia de él y de Héctor Castresana supone ni más ni menos que el partido se queda de facto sin presencia en las Cortes de Castilla y León. El asunto no es baladí si se tiene en cuenta que la UPL fue en las pasadas elecciones autonómicas la tercera fuerza política en el conjunto de la Comunidad (por primera vez con mas votos que Izquierda Unida) y la única con representación parlamentaria al margen del PP y el PSOE. Los conflictos entre procuradores leonesistas y su propio partido han sido casi una constante desde que la UPL, allá por 1995, irrumpió en el Parlamento Autonómico. En esa primera Legislatura la procuradora Concepción Farto acabó apartándose de la disciplina del partido, dejando a Otero como único representante oficial. La situación se reprodujo en la pasada Legislatura, en esa ocasión con el mismismo fundador, José María Rodríguez de Francisco, en el papel de trásfuga, y con Otero de nuevo como guardián de las esencias orgánicas. Y ahora el repudiado por el aparato oficial del partido es el propio Otero, arrastrando consigo al bueno de Castresana, al que la dirección leonesista aspira en vano a recupera r. El resultado ya se ha dicho: en septiembre, al inicio del nuevo curso parlamentario, la UPL habrá dejado de tener voz en las Cortes de Castilla y León. O lo que es lo mismo: el Parlamento Autonómico se verá reducido en la práctica al bipartidismo que representan PP y PSOE. Por más que la presencia parlamentaria de la UPL haya sido por principio en si misma contradictoria, lo cierto es que su ausencia en la Cámara supone un nuevo golpe al pluralismo político en esta Comunidad. En los 25 años de Parlamento Autonómico nunca se ha reducido el hemiciclo exclusivamente a las dos fuerzas mayoritarias. Incluso hubo una Legislatura, la del 87 al 91, en la que la tercera fuerza política, el CDS, decantó el signo del gobierno de la Comunidad. Si a la mayoría absoluta -que en Castilla y León mantiene el PP desde 1991, que ha llovido- se une además una oposición monopolizada por un solo partido, el reduccionismo de la vida política empieza a resultar inquietante. Sobre todo si el único partido en la oposición se acomoda y va haciendo dejación de su principal papel, como ha sido el caso del Partido Socialista de Castilla y León durante toda la etapa de Ángel Villalba. Con Izquierda Unida en el hemiciclo el PSOE no podía contemporizar, incluso eludir, determinados asuntos de la forma que lo ha hecho desde que dicha formación perdió su representación parlamentaria. Desde su óptica puramente partidista es posible que el PP y el PSOE se estén regocijando con la crisis de la UPL. Los populares, por despecho hacia el antiguo socio que le volvió la espalda. Los socialistas, como principales beneficiarios electorales de la descomposición leonesista. Pero para la calidad de la democracia no es buena noticia que el debate político quede reducido exclusivamente a los dos partidos mayoritarios.