De mal en peor

EL DATO del paro del pasado julio -36.492 desempleados más, hasta un total de 2.426.916 personas-, mes en el que habitualmente se crea empleo a buen ritmo, culmina un período de doce meses en que el desempleo ha crecido el 23,1% y en que el número total de parados no se registraba desde abril de 1998. Es cierto que, como demostró la última EPA, se sigue creando empleo muy lentamente (o, al menos, no se destruye todavía), por lo que estas subidas significan que nuestro sistema económico no es capaz de absorber los fuertes incrementos de población activa que se están produciendo. Pero sería de locos no interpretar que estos datos, «muy preocupantes» hasta para los portavoces de Economía, son la consecuencia de una profunda crisis económica que tiene elementos objetivos y externos que son ajenos a nosotros pero que, en lo que tiene de doméstica y psicológica, ha sido mal gestionada aquí desde el principio. Es manifiesto que «nuestra» crisis económica tiene dos ingredientes esenciales: uno externo, generado por las turbulencias de los mercados financieros tras el escándalo norteamericano de las 'hipotecas basura' y atizado por las subidas desaforadas y complejas de los alimentos y del petróleo; y otro interno, consecuencia del estallido de la «burbuja inmobiliaria», que todos -aun los no expertos en economía- veíamos venir antes o después por la sencilla razón de que los ritmos de construcción de viviendas y de encarecimiento de los precios eran simplemente insostenibles. Pues bien: nadie podía prever aquella conflictividad económica internacional pero es francamente irritante que quienes gestionaron la evolución del sector inmobiliario en España -Rato y Solbes- miren ahora hacia el techo cuando se les hace ver que esta catástrofe y la mala coyuntura exterior se alimentan recíprocamente. «Nuestra» crisis, semejante a la irlandesa, es una combinación de fatalidad y de culposo dejar hacer en un terreno, el inmobiliario, en el que la quemazón tras el recalentamiento conduce en todas partes a la recesión. Es humanamente comprensible que el Gobierno tratara de minorar la apariencia amenazante de la crisis en vísperas del 9-M, del mismo modo que la principal fuerza opositora trataba de exagerarla. Pero es indiscutible que no se ha hilado fino en la conducción del problema. Cierto que Zapatero y Solbes tienen la obligación del optimismo (una palabra pesimista hundiría las bolsas) pero en esto estriba la habilidad del político: en acompañar amorosamente las preocupaciones colectivas, aun aquellas que no tengan arreglo desde dentro, transmitiendo la sensación de desde el ámbito público se entiende y se ampara la inquietud social, suma de las inquietudes individuales. Este Gobierno tiene desde hace tiempo un problema de comunicación, que ahora se acentúa con la crisis.