Escarmentar en cabeza ajena

DEJANDO a un lado la intempestiva andanada de Juan José Lucas (quien es evidente que ha perdido una estupenda ocasión de callarse), parece que el debate sobre las Cajas de Ahorro ha entrado finalmente por los derroteros adecuados. Estos no son otros que los responsables de las entidades de ahorro estudien, con el máximo rigor y las menores interferencias políticas posibles, las fórmulas más convenientes para garantizar la solvencia y competitividad de las Cajas en el mercado financiero.

Con todos los matices que se quiera, el reciente y unánime acuerdo del consejo de administración de Caja España sitúa las cosas en el cauce de donde nunca debieran haber salido. Por su parte, el consejo de Caja Duero tiene previsto manifestarse en los próximos días en términos similares. Son las propias cajas, sus consejos y sus asambleas generales, las que tienen que adoptar las decisiones oportunas, sin otra tutela que la del Banco de España, el único organismo autorizado para velar por el estado de salud de las entidades financieras. La Junta, bien que a regañadientes, ha decidido hacer de la necesidad virtud y aceptar, al menos formalmente, la autonomía de las cajas, aunque bajo cuerda siga metiendo presión en favor del modelo de «integración» que ha venido auspiciando. Y por su parte, Óscar López, un político pragmático donde los haya, ha rectificado claramente su discurso. Ahora ha descubierto que la integración «no se puede lograr desde la presión y la imposición, sino desde el diálogo» y se ofrece «a arrimar el hombro» para que el proceso emprendido por las cajas llegue a buen puerto.

El problema que puede plantearse -y de él ha advertido el alcalde de León y vicepresidente de Caja España, Francisco Fernández- es que las alternativas más favorables para la eficiencia financiera de cada Caja de Castilla y León no sean convergentes. Dicho de otra forma, que las eventuales fusiones entre cajas del mismo ámbito geográfico no constituyan siempre la opción más conveniente para los propios intereses de las entidades. El modelo de caja regional única es el más deseable para quienes conciben las entidades de ahorro como instrumento al servicio del poder político de turno. Pero puede ocurrir que no sea la mejor alternativa desde el punto de vista estrictamente financiero.

El fracaso de la Caja de Castilla La Mancha debería llamar a la reflexión del PP y el PSOE acerca de las nefastas consecuencias derivadas de la politización de las entidades de ahorro. La caja castellano-manchega es producto de las fusiones de las antiguas cajas provinciales -a excepción de la de Guadalajara, que se resistió y aguantó la ofensiva- impulsada desde el poder político de aquella comunidad. Su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fué secretario regional del PSOE y mano derecha del incombustible José Bono.

El resultado de este modelo de caja regional única fuertemente politizada va a ser su precipitada absorción por la andaluza Unicaja como mal menor para evitar su intervención por el Banco de España, con lo cual Castilla La Mancha perderá su entidad de ahorro de referencia. Un auténtico fiasco que en Castilla y León debería servirnos para escarmentar en cabeza ajena.