Garoña, prórroga limitada

Tribuna | Óscar López Águeda

Secretario general del PSOE de Castilla y León

La central de Garoña cumple en 2011 los cuarenta a ños para los que fue diseñada inicialmente. Después del cierre de Vandellós I y de Zorita, Garoña es la última central de primera generación operativa en España. Su diseño es de los años sesenta y se conectó a la red en 1971. En la polémica abierta se han deslizado algunos datos equivocados que enturbian el debate. Se ha dicho que su cierre encarecerá el precio de la energía, cuando su efecto será neutral a esos efectos. Y se ha hablado de riesgos para el suministro eléctrico, pero se oculta que España es un país exportador de electricidad, y que nuestro saldo exportador no ha hecho mas que crecer. En 2008 fue el doble que el año anterior. Es falso que dependamos de la energía francesa para garantizar nuestro suministro. La potencia disponible actualmente en España es de 53.740 megavatios, cuando la punta máxima de demanda jamás alcanzada es de 45.450 megavatios, de acuerdo con los informes de Red Eléctrica Española.

Por otra parte, desde el punto de vista legal, el Gobierno está cumpliendo con el procedimiento establecido, de tal forma que una vez que se ha pronunciado el Consejo de Seguridad Nuclear, disponía de un mes para tomar su decisión final. Se cumple ese plazo, y mientras tanto, el Gobierno ha escuchado a todo el mundo y ha recabado la mayor cantidad de información posible, de ahí que haya solicitado un nuevo informe al CNS sobre las consecuencias de mantener abierta la central de Garoña durante dos, cuatro o seis años más. Además de estas consideraciones, hay que añadir una cuestión fundamental para el Gobierno, para su presidente, y para los socialistas: el valor de la palabra dada. El programa electoral con el que el PSOE ganó las elecciones apostaba por la sustitución paulatina de la energía nuclear y por el cierre de las centrales al final de su vida útil. Esa fue la postura apoyada por la mayoría en la elaboración del programa electoral, y esa fue la propuesta refrendada por la mayoría de los españoles en las urnas.

Respeto profundamente los argumentos de quienes defienden la energía nuclear, pero exijo el mismo respeto para los argumentos de quienes defendemos otras alternativas, garantizando siempre, y ante todo el empleo y el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Ese respeto es la esencia misma de la democracia.

Ese compromiso es compatible con la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico y de seguir impulsando una política energética sostenible en la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de C0 2 , como también plantea nuestro programa electoral. A este respecto, las políticas del gobierno son, del lado de la demanda, el ahorro y la eficiencia energética para moderar los consumos, y del lado de la oferta, las energías renovables, donde nuestra comunidad tiene mucho que ganar.

Así pues, los socialistas de Castilla y León hemos mantenido nuestra posición política: garantizar el suministro y la seguridad y cumplir el programa electoral. Y nuestra prioridad ha sido trabajar, con sentido común, por el empleo y el desarrollo de la comarca, porque entendemos la inquietud de los trabajadores sobre su futuro y el de sus familias. Cumplir con el programa electoral, cumplir con la palabra dada, nunca puede ser un capricho, sino un compromiso con los más de once millones de españoles que respaldaron el programa del Partido Socialista en las elecciones generales del año pasado. Por eso, los socialistas de Castilla y León hemos defendido la prórroga limitada para la actividad de la central como la opción más razonable, y a la vez, mientras transcurría el plazo para adoptar la decisión sobre la central de Garoña, he trabajado personalmente con el presidente del Gobierno para elaborar un plan de futuro para la comarca, un plan mucho mas duradero en el tiempo que la limitada fecha de caducidad de la central.

Frente a quienes apostaban por esperar a que pasaran otros diez años sin plantear ningún plan alternativo de empleo, y frente a quienes reclamaban el cierre inmediato, los socialistas de Castilla y León consideramos que una prórroga limitada de cuatro años sería un plazo razonable y suficiente desde el punto de vista de la seguridad y del abastecimiento energético y, además, sería un margen de tiempo muy útil para poner en marcha el plan alternativo de empleo y reactivación económica de la zona. Eso es lo que llevamos exigiendo los socialistas en las Cortes de Castilla y León desde la década de los noventa del siglo pasado. Y eso mismo es lo que volvimos a exigir el año pasado en el debate del Parlamento de Castilla y León sobre Garoña, cuando presentamos una enmienda reclamando a la Junta un plan alternativo, y el Partido Popular votó en contra de nuestra petición.

Lo que no es de recibo es rasgarse las vestiduras por el cierre de la central, crispar el debate con informaciones sesgadas, y no hacer nada en veinte años para poner en marcha una alternativa real de empleo en la comarca, a pesar de que la Junta de Castilla y León tiene competencias para hacerlo. Pues bien, para que no ocurra como en Zorita, central cerrada por el gobierno de José María Aznar, donde la Junta de Castilla la Mancha tuvo que preparar esa alternativa, los socialistas, en vez de cruzarnos de brazos, hemos trabajado por una prórroga limitada a un plazo razonable de cuatro años, y en ese tiempo, seguiremos trabajando para hacer realidad una alternativa que permita a los trabajadores y los ciudadanos en general cambiar la angustia por el cierre de la central nuclear por un verdadero plan de futuro para varias generaciones. Ese es nuestro compromiso con los habitantes de la comarca de las Merindades y de la comarca de Miranda de Ebro: hacer honor a la palabra dada en nuestro programa, y hacerlo con sentido común.