Diario de León
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El corro | pedro vicente

El gobierno autonómico ha iniciado sus vacaciones de agosto convencido de haber hecho adecuadamente los deberes del curso político recién concluido. No se ha puesto nota, pero del balance realizado por su Portavoz cabe colegir que se autoadjudica como mínimo un aprobado alto. Si a ello se añade el resultado de una encuesta interna que asegura que los ciudadanos de la Comunidad están felices con los servicios que presta la Junta, podría concluirse que Juan Vicente Herrera y su gobierno están poco menos que encantados de conocerse.

Puede que políticamente la Junta tenga suficientes motivos para la autocomplacencia. Pero una cosa es que su respaldo electoral se mantenga intacto tras 22 años de gobierno sin que la oposición siga sin constituir ninguna amenaza, y otra muy diferente que la gestión del gobierno autonómico no sea manifiestamente mejorable, que presente importantes lagunas y hasta algún que otro agujero negro. No me refiero ya a esas eternas asignaturas pendientes como la despoblación rural y la falta de cohesión territorial, sino a la mediocridad imperante en Consejerías tan fundamentales como las de Sanidad y Educación, no digamos ya la de Medio Ambiente, a la cabeza hace tiempo del ranking de la incompetencia. (Al menos, eso sí, la Consejera no ha tenido este año la frivolidad de largarse de vacaciones en la época de máximo riesgo de incendios forestales. Algo vamos mejorando).

En relación con la crisis económica, la Junta entiende que ha adoptado hasta el momento todas las medidas que estaban en su mano, salvo una, la llamada Renta Ga rantizada de Ciudadanía (RGC), cuya aprobación debería haberse producido antes del pasado 31 julio, según compromiso adquirido por Herrera ante las Cortes. El retraso es especialmente lamentable al tratarse de una nueva prestación económica dirigida a paliar la situación de las personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. La excusa esgrimida para justificar dicho retraso ha sido el compromiso de concertar su regulación en el seno del Consejo del Dialogo Social, es decir, pactarla con la patronal y los sindicatos. Pero si existía ese compromiso, lo que no se entiende es que paralelamente el PP y el PSOE hayan estado negociando ese mismo asunto en el seno de ese frustrante «pacto anticrisis» cuyo único fruto no ha sido otro que el de desvirtuar el objetivo del Plan de Convergencia Interior (PCI), convertido en su primer año en un «Plan de Empleo de la señorita Pepis» complementario del Plan E de Zapatero.

Al igual que el Plan de Convergencia Interior, la Renta Garantizada de Ciudadanía es uno de los principales logros contenidos en el nuevo Estatuto de Autonomía. Con lo cual cabe decir que, en materia de desarrollo estatutario, los deberes mas urgentes o están por hacer (RGC) o se han hecho deficientemente (PCI). Ello cuando, como el que no quiere la cosa, hemos cruzado ya el ecuador de la Legislatura que se dio en llamar del nuevo Estatuto. Y frente a la autocomplacencia de la Junta, el PSOE ha colgado en Castilla y León el cartel de «abierto por vacaciones», lo cual comporta, pienso yo, el reconocimiento implícito de que tampoco ha hecho a tiempo sus deberes como oposición.

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