Un actitud intolerable
El mirador | antonio papell
El esfuerzo militar internacional para contener la piratería de origen somalí en el Índico ha dado escasos frutos, como lo prueba el hecho de que el atunero Alakrana , con 36 tripulantes, 16 de ellos españoles, esté en manos de un puñado de secuestradores, fondeado cerca de la costa somalí. La degradación a que ha llegado en España la controversia política ha registrado en este asunto un nuevo episodio: la oposición reprocha al Gobierno el secuestro, por «imprevisión». Si se acepta que no todo vale en política, esta imputación es, además de disparatada, inmoral. Los delitos son de la exclusiva responsabilidad de los delincuentes y no de la policía que ha sido incapaz de prevenirlos. Y en este caso, ni siquiera ha habido imprevisión: el Alakrana se encontraba a 800 millas de la zona de seguridad protegida por fuerzas de la UE en la llamada misión Atalanta, a la que nuestro país aporta la fragata Canarias. Es evidente que el Alakrana fue a echar sus redes donde consideró que le resultaba más productivo, y no por ello se puede responsabilizar del secuestro a los arriscados empresarios vascos que mantienen esta flota pesquera; pero tampoco es razonable hacerlo al dispositivo de seguridad, que, con los medios de que dispone, no puede abarcar toda la inmensidad del Océano Índico.
Se podrá decir, quizá, que habría que incrementar el dispositivo de seguridad, pero las ecuaciones no salen. Según Defensa, la misión Atalanta nos cuesta a los contribuyentes 75 millones de euros anuales, de los que se benefician 31 barcos pesqueros, de los que sólo 15 pescan bajo bandera española; otros 11 lucen el pabellón de Seychelles, otro el de Mauricio y otro más el de Antillas Holandesas. En definitiva, la protección de cada barco español cuesta 5 millones de euros. El negocio de la flota española en el Índico es importante: rinde unas 90.000 toneladas de atún anuales. Pero no parece razonable que el Estado vaya más allá en el despliegue militar. Francia ha embarcado soldados en sus pesqueros pero la ley orgánica de la Defensa Nacional impide hacer otro tanto en España.
En consecuencia, Defensa ha sugerido a los pesqueros que decidan faenar fuera de la zona protegida que se costeen su propio dispositivo de seguridad privada, y que lo consideren un costo más de su negocio. No es en absoluto descabellado: ningún Estado del mundo otorga protección a la carta a sus ciudadanos en cualquier lugar del planeta.
La negociación en curso para liberar a los secuestrados puede ser larga. Estamos, en efecto, ante un mercadeo que se saldará con el pago de un rescate, y para ello ya está activo el CNI, como en anteriores ocasiones. Quienes critiquen ahora -”también-” este desenlace deberían aportar una solución alternativa (quizá preferirían el asalto militar al Alakrana ). De cualquier modo, es exigible que los actores políticos de este país se acomoden a la pauta que es norma en las democracias maduras: ante las agresiones externas y cuando el Ejército es llamado a repelerlas, todas las querellas internas ceden para que el Estado reciba el soporte unánime de los ciudadanos. La utilización de los problemas exteriores para colmar objetivos pusilánimes de política doméstica es, sencillamente, intolerable.