La ira de los músicos
Panorama | antonio papell
La protesta de los músicos contra la descarga ilegal de archivos, que tiene sin duda un claro fundamento objetivo, posee sin embargo el tufillo rancio de todas las batallas contra el implacable avance de la modernidad. En cierto modo, evoca la inútil pugna de los calígrafos y de los copistas contra el invento imparable de Gutenberg, que cambiaría tan decisivamente en el siglo XV el rumbo de la comunicación y la cultura.
Parece innecesario enfatizar la idea de que si desaparecen el concepto de propiedad intelectual y la defensa pública que se haga de ella, la creatividad saldrá altamente perjudicada, de lo que se resentirá seriamente el desarrollo artístico y cultural. Con todo, este criterio debe acomodarse a la evolución tecnológica y a la defensa de la libertad individual, que incluye sin duda la participación en comunidades virtuales que comparten contenidos culturales. El equilibrio entre todos los bienes protegibles en pugna no es sencillo, y de hecho la polémica está en pleno fragor en toda Europa.
Aquí, el Gobierno abordó hace meses la cuestión mediante la creación de una comisión interministerial encargada de realizar un diagnóstico sobre la llamada «piratería» en Internet. Y sus conclusiones, que han sido incluidas en parte en el proyecto de ley de Economía Sostenible, fueron especificadas por la ministra de Cultura el pasado martes en el Senado: en síntesis, una Comisión de Propiedad Intelectual formada por expertos independientes tendrá la potestad de clausurar o bloquear las páginas web que alojen o faciliten enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, piezas musicales o videojuegos; para posibilitarlo, dicha ley incluye en su disposición final la modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual. En ningún caso -ha recalcado González-Sinde- se va a cortar Internet a los usuarios». Pero, en principio, las decisiones de dicha comisión administrativa serán ejecutivas, por lo que no se requerirá la previa sanción judicial de las medidas. Del mismo modo que perseguir el intercambio de archivos entre particulares es una misión imposible, a menos que se instaure un verdadero estado policial y se someta a rígida censura el sistema de comunicaciones, es razonable que se impida el negocio ilegal de terceros a costa de la creación artística. Pero este paso adelante, que representa la creación de una especie de «policía cultural», no debería desviar la atención del verdadero problema: el negocio de la música se hunde por obsoleto y falta de capacidad de evolución, y no porque los usuarios de Internet lo hayamos arruinado. Sería quizá demasiado cruel evidenciar que la calidad sigue abriéndose mercado pese a las dificultades -”Joaquín Sabina acaba de vender 160.000 ejemplares de su último disco en poco más de una semana-”, pero no es improcedente afirmar que el viejo negocio discográfico ha periclitado por su propia incapacidad de evolucionar. No cabe duda de que la música tiene en Internet un portentoso futuro si se siguen las pautas de las compañías punteras de creación y de distribución y si se avanza en los nuevos modos de negocio como el screaming, capaces de desarrollar con inteligencia las verdaderas potencialidades de las TIC (las tecnologías de la Información y la Comunicación). Un campo, por cierto, en que el regulador -”la Comisión de Propiedad Intelectual-” sólo acertará si se persuade de que es inútil tratar de poner puertas al campo.