Recetas para la crisis

El Los colegios de Economistas de Castilla y León abogan por un paquete de reformas profundas en la economía española que abarquen tanto el sistema financiero, como el mercado laboral, el energético y hasta en el funcionamiento de las administraciones públicas. Los presidentes de los tres colegios de Economistas de Castilla y León –Roberto Escudero, en León; Juan Carlos de Margarita, en Valladolid, y Carlos Alonso de Linaje, en Burgos- han respondido a un breve cuestionario de la Agencia Ical en el que se les pedía un análisis de la situación económica actual y unas recetas para revertir la situación, dentro de una serie de informaciones en las que opinarán una docena de prestigiosos profesionales de la Economía de Castilla y León. Así, estos tres analistas apuntan al colapso financiero y elevado paro como los principales cuellos de botella de la economía española y `recetan´ una serie de reformas estructurales para invertir la situación. Entre ellas citan, como uno de los principales cambios que debe abordar el tejido productivo español, al abaratamiento de los costes y la mayor flexibilidad del mercado laboral, así como una contención del gasto público que pasa por la reducción de los costes de funcionamiento de las administraciones y dotarlas de instrumentos para una mayor agilidad de la gestión.

Roberto Escudero, presidente del Colegio de Economistas de León, considera que el cuello de botella esencial de la economía española en este momento «está en el colapso de la inversión originado por la falta de crédito, la debilidad de la demanda y el deterioro de las expectativas. La consecuencia más dramática de la falta de inversión y la insuficiencia de la demanda es el crecimiento del paro».

Por lo que se refiere a las reformas que considera necesarias, explica: «Durante la larga etapa de prosperidad vivida por la economía española se han ido acumulando rigideces que ahora es preciso corregir. Son precisas reformas destinadas a elevar las condiciones la productividad a largo plazo de las estructuras públicas y privadas. Ello implica cambios profundos en el sistema financiero, el mercado laboral, en el balance energético, en el sistema educativo y en el volumen y los criterios de asignación del gasto público. El endeudamiento debe ser reducido con el fin de liberar recursos crediticios a favor de la inversión privada. Los cambios deben dirigirse básicamente a reducir los costes de funcionamiento y aumentar la eficiencia».