Investigan si los recortes en Cataluña afectaron en la muerte de una paciente
Carmen Mesa murió de un derrame cerebral después de recorrer cuatro hospitales .
María del Carmen Mesa murió el pasado 16 de septiembre en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras sufrir un derrame cerebral y después de recorrer cuatro hospitales catalanes en 65 horas.
Su familia interpuso una querella contra el centro hospitalario porque entendió que no la atendieron a tiempo y porque una de las máquinas con la que la tenían que haber tratado estaba estropeada por culpa de los recortes presupuestarios de la Generalitat.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona admitió ayer a trámite la denuncia y ha abierto una investigación. El abogado de la familia de la fallecida, cuyo caso y el de otro ciudadano se hicieron públicos en plena campaña electoral, entiende que se vulneraron los derechos constitucionales de la paciente a recibir atención sanitaria.
Según consta en la querella, Carmen Mesa, vecina de Tossa de Mar, de 65 años, ingresó el 7 de septiembre en el Hospital de Blanes (Girona) con fuertes dolores de cabeza. Desde allí la enviaron al Josep Trueta de Girona. Los médicos explicaron a la familia que precisaba una intervención urgente pero no podían hacerla porque el hospital «se encontraba afectado por la reciente reordenación de los servicios». Horas después fue ingresada en el Hospital Vall d’Hebron, a unos 100 kilómetros.
La querella señala que no pudieron operarla de urgencia porque los quirófanos estaban «cerrados». Al día siguiente, tampoco pudieron intervenirla. Su situación se agravó y tres días después de iniciar su periplo por los hospitales, el 9 de septiembre, y tras constatar que tampoco había quirófanos disponibles, fue trasladada al Hospital Clínic, donde fue intervenida. Mesa murió seis días después.
Según el abogado de la familia, Rafael Núñez, la querella no imputa una negligencia médica a los responsables del hospital, sino que, por primera vez en democracia, persigue un fallo sanitario en base al artículo 542 del Código Penal, que castiga a los funcionarios o cargos públicos que impidan a otros el ejercicio de derechos civiles reconocidos en la Constitución y las Leyes.
Por contra, el Hospital de la Vall d’Hebron defiende que la paciente recibió el tratamiento adecuado para su enfermedad y desvinculó el caso de los ajustes organizativos que aplica la Generalitat en los diversos centros catalanes.
Según el hospital, la paciente fue derivada al Clínic para practicarle la embolización porque ese centro dispone de recursos técnicos más adecuados y cuenta con los mejores especialistas.