El debate de la tartera se intensifica
Tras la iniciativa de Cataluña, las asociaciones de padres, PSOE y ERC han rechazado . esta propuesta al calificar que «es una vuelta a sistemas anteriores a la democracia».
El debate en torno a la incorporación de la fiambrera en el comedor de los colegios está servido: la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña anunció el pasado jueves que los escolares podrán llevar la comida de casa al comedor escolar, pero que tendrán que pagar 3 euros «como máximo» por usar el servicio, en concepto de neveras, microondas, vigilantes, servicios de limpieza y demás gastos relacionados.
El Gobierno de Madrid también se está planteando permitir que sus alumnos lleven las fiambreras al colegio. A estas propuestas se une la Comunidad Valenciana, que también proyecta la entrada de las tarteras a los comedores del colegio, en su caso, abonando por la prestación un coste «simbólico», según la consellera de Educación, María José Catalá. En la Comunidad Valenciana se pagaría alrededor de 1,50 euros, aunque desde el gobierno autonómico aún no han decidido si los padres abonarán la cantidad completa o solo una parte.
Las críticas ante estas medidas que parecen propagarse por las autonomías no se han hecho esperar. Las asociaciones de padres han sido las primeras en manifestarse en contra del cobro por el uso del espacio en el comedor escolar. Coinciden en que el coste que Cataluña quiere aplicar por los servicios de luz y vigilancia es excesivo, y que los padres que apuestan por este sistema lo hacen por motivos meramente económicos. Jesús María Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa), calificó la propuesta de «barbaridad» y sentenció que las familias que se acojan a este sistema «van a notar muy poca diferencia» económica entre el comedor o llevar la comida de casa. Sánchez apuntó que la medida es «un ataque claro hacia las familias que llevamos a nuestros hijos a centros públicos».
Desde el ámbito de la política, la portavoz parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Anna Simó, denunció a través de su blog que la medida del Gobierno catalán iba «en contra de la equidad y la igualdad que predica la ley de Educación de Cataluña y los mínimos de sentido común y sensibilidad social».
Respecto de las medidas en Madrid, Tomás Gómez, secretario general autonómico del PSOE se mostró firmemente en contra de la medida: «Esperanza Aguirre quiere instaurar un modelo anterior a 1978, un modelo predemocrático en el que entra el tupperware».