Solo las comunidades del PP apoyan el coste de la nueva reforma educativa
Wert saca adelante la memoria económica sin aclarar si el Estado aportará más dinero .
Wert y el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ayer, en Madrid.
La reforma educativa se enfrentaba a uno de sus últimos obstáculos: el dinero. Y aunque el Ministerio de Educación lo superó, volvió a quedar patente la división en dos bloques (por un lado PP y por otro los demás partidos).
La conferencia sectorial celebrada ayer dio luz verde a la memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Es decir, el precio que costará implantar la nueva ley. La medida fue aprobada con el visto bueno de las doce comunidades gobernadas por los populares y el rechazo de las otras cinco (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias). En cualquier caso, las dudas económicas de la normativa no quedaron aclaradas y se creará una comisión de trabajo para que examine los criterios de financiación de la ley.
La discusión de la reunión que se prolongó durante tres horas y media se centró sobre qué administración debía asumir más parte de los costes indirectos derivados de la aplicación de la reforma. Las comunidades, debido a su maltrecha economía, pretendían que el Gobierno central participara más en el gasto. Sin embargo,el ministro de Educación, José Ignacio Wert, negó que los gastos económicos afecten a los planes de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas. «Las previsiones presentadas en la memoria son compatibles con el programa de consolidación fiscal. No se producirán incrementos de costes de manera significativa antes del 2016», explicó
Los cambios directos que promueve la Lomce supondrán un gasto de 408 millones de euros divididos en 23 millones el primer año, 130 millones el segundo y 255 el tercero (el incremento se debe a la mayor implantación de la normativa). Este dinero, que asumirá al cien por cien el Estado, cubriría las evaluaciones a final de cada etapa educativa o la dispersión de las aulas en zonas rurales
Detalles
Sin embargo, los costes indirectos, más cuantiosos a largo plazo, serán costeados en principio por las comunidades autónomas. Estos gastos están relacionados principalmente con el refuerzo de Formación Profesional —6.000 euros de media por alumno y curso— o de la creación de dos itinerarios en 4º ESO. El coste final dependerá del número de alumnos que la normativa consiga mantener en el sistema educativo, es decir, de la reducción del abandono escolar actualmente en casi un 25%.
En cualquier caso, el camino de la Lomce ya está despejaddo. El próximo paso es presentar el anteproyecto al Consejo de Estado, cuyo dictámen tardará un mes. Posteriormente se aprobará en Consejo de Ministros y comenzará su tramitación parlamentaria. Y es que el departamento que dirige José Ignacio Wert no puede permitirse más retrasos en la aprobación de la norma.